Plan SAVE en riesgo: ingreso de Donald Trump pone en peligro ayuda económica a estudiantes
Donald Trump rechaza los programas de alivio de deuda estudiantil implementados por Biden. Anticipan que su regreso a la Casa Blanca desmantelará el plan SAVE.
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Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ha expresado su rechazo a los programas de alivio de deuda estudiantil, los cuales fueron implementados por la administración de Biden. Los expertos anticipan que su regreso a la Casa Blanca implicará el desmantelamiento del plan de reembolso asequible, conocido como SAVE, diseñado para reducir los pagos mensuales de millones de prestatarios.
Cómo funciona el plan SAVE
Lanzado en 2023, SAVE es el plan de reembolso más generoso hasta la fecha para préstamos estudiantiles. Entre sus beneficios destacan:
- Reducción del porcentaje del ingreso discrecional destinado al pago de deuda del 10% al 5%.
- Exoneración de pagos para quienes ganen menos de U$D 15 por hora.
- Perdón acelerado de préstamos pequeños en tan solo 10 años.
Bajo este esquema, más de 8 millones de prestatarios han podido reducir significativamente sus pagos mensuales. Sin embargo, el plan enfrenta desafíos legales impulsados por estados republicanos, que consideran que excede las facultades del Departamento de Educación.
Impacto de la posible eliminación
Si el gobierno de Trump abandona el plan SAVE, los prestatarios inscritos verán revertidos sus beneficios. Es así como podrían duplicar sus pagos mensuales, colocando a miles en una situación económica crítica.
Según el estudio realizado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, el 30% de los prestatarios ya enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos y medicinas debido a las deudas. “La incertidumbre financiera que esto generará es inmensa”, afirmó Malissa Giles, abogada especialista en quiebras.
Sin un programa como SAVE, los prestatarios deberán regresar a planes de pago anteriores, menos asequibles, que podrían prolongar la carga financiera durante décadas. La administración entrante deberá decidir si continúa defendiendo el plan en los tribunales o lo elimina por completo, dejando a millones en la incertidumbre.
