Desde la Casa Blanca, Trump calificó estas iniciativas como "peligrosas e inmorales" y ordenó a las agencias federales preparar planes de reducción de personal.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado sus esfuerzos en anular los Programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para minorías como migrantes irregulares, afroamericanos y la comunidad LGTBIQ+.
El 28 de enero del 2025, firmó un decreto que elimina estos programas financiados por el gobierno federal, los cuales buscan eliminar la discriminación en los trabajos por raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otros.
Desde la Casa Blanca, Trump expresó que estas iniciativas, apoyadas por instituciones de gran influencia en Estados Unidos, representa un peligro al basarse en "preferencias peligrosas, degradantes e inmorales". En consecuencia, el mandatario ordenó a las agencias federales presentar planes de reducción de personal antes del 31 de enero de 2025.
Expertos en derechos laborales y diversidad destacaron, en una entrevista de CNN, los beneficios de los programas DEI, como la creación de trabajos más inclusivos, la ampliación de oportunidades laborales y el fomento de una cultura más justa. Dominique Hollins, fundador de la consultora WĒ360, subraya que estas iniciativas son esenciales para acelerar la creación de espacios diversos, tanto en el ámbito empresarial como académico.
Además, estudios muestran que más del 50% de los adultos empleados en Estados Unidos participan en capacitaciones de DEI, reflejando la creciente adopción de estos programas en empresas y organizaciones.
La controversia sobre la anulación de los programas DEI ha dado lugar a una intervención judicial. La jueza Loren AliKhan bloqueó temporalmente la medida de Trump, advirtiendo que la suspensión de los fondos podría generar grandes pérdidas económicas y afectar programas esenciales, como investigaciones médicas y asistencia social.
Organizaciones no gubernamentales, activistas y miembros del Partido Demócrata califican la medida como "inconstitucional" y alertan sobre sus efectos perjudiciales, desde la interrupción de investigaciones científicas hasta la pérdida de servicios vitales, como líneas de ayuda contra la violencia doméstica y el suicidio.
El 3 de febrero de 2025 se espera que la jueza AliKhan emita una nueva orden que podría prolongar la suspensión de la directiva presidencial. Mientras tanto, la polémica persiste, y las reacciones continúan llegando desde diferentes sectores de la sociedad estadounidense. Los programas DEI siguen siendo un tema de debate fundamental sobre el futuro de la inclusión y la equidad en Estados Unidos.