Estas son las leyes internacionales que Estados Unidos y El Salvador estarían violando en la detención de migrantes venezolanos
Doscientos treinta y ocho migrantes venezolanos fueron deportados desde EE.UU. a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
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Son 238 migrantes venezolanos los que fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, en donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel famosa por el riguroso control, ubicada en una zona árida y aislada, en la localidad de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital de San Salvador.
Solamente, 101 de ellos eran migrantes indocumentados que no contaban con antecedentes criminales, quienes se encuentran en aquel laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero, custodiados por guardias penitenciarios y soldados en torres con más de 15 metros de altura, generando controversia sobre las posibles violaciones a los derechos humanos y tratados internacionales.
Leyes internacionales violadas por ambos países
El gobierno salvadoreño, el cual es liderado por Nayib Bukele, ha divulgado un video del traslado, en el que los detenidos son mostrados con grilletes y rapados, mostrando el trato severo que reciben. Además, para llegar a esa cárcel, es necesario cruzar dos controles de seguridad para vehículos y los reos no tienen permitido las visitas, dejándolos completamente incomunicados.
Aunque las autoridades de Estados Unidos aseguran que los 137 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, el cual permite la expulsión de extranjeros considerados amenazas a la seguridad, planteando dudas sobre si dicho procedimiento es legítimo para migrantes que no se encuentran implicados directamente en actividades delictivas.
Las medidas extremas de encarcelamiento y deportación pueden ir en contra de convenios internacionales como la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, el cual protege a las personas que se encuentran huyendo de situaciones de violencia o persecución en sus respectivos países de origen.
Además, la colaboración entre Estados Unidos y El Salvador ha suscitado interrogantes sobre el respeto a las leyes internacionales de derechos humanos, pues la detención de personas sin un proceso judicial claro y la reclusión en condiciones extremas podría ser visto como forma de castigo colectivo, tortura e incluso como discriminación.
Es fundamental tener en cuenta que no todos los detenidos, a pesar de ser acusados como miembros de la banda criminal Tren de Aragua, cuentan con investigaciones o incluso con acusaciones formales, por lo que el Salvador se encuentra expuesto a posibles implicaciones legales por recibir y recluir a estos migrantes.
Si bien algunos ven este tipo de acciones como necesarias para enfrentar la delincuencia transnacional, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre los riesgos de criminalizar a los migrantes en general y de someterlos a condiciones inhumanas sin un debido proceso legal.
