La Universidad de Harvard argumenta que la medida del gobierno es una violación de la Primera Enmienda y un intento de condicionar su autonomía académica.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEl 21 de abril, la Universidad de Harvard presentó una demanda ante una corte federal con el objetivo de frenar la congelación de US$2.200 millones en fondos federales, una medida anunciada por el gobierno de Donald Trump. La acción legal se produce después de que la institución se negara a acatar ciertas exigencias del Ejecutivo relacionadas con el tratamiento del antisemitismo en sus campus, las cuales Harvard considera indebidas e injustificadas.
Según el presidente interino de la universidad, Alan Garber, la decisión de la administración del republicano representa una violación directa de la Primera Enmienda y no respeta los procedimientos legales establecidos. El representante de la casa de estudios afirmó que la medida es una herramienta política para intentar condicionar las decisiones académicas de la universidad.
La Universidad de Harvard no tardó en reaccionar ante lo que calificó como una “represalia política injustificada”. En su demanda, los abogados de la institución sostienen que la suspensión de los fondos tiene como objetivo castigar a la universidad por sus decisiones académicas y su negativa a ceder ante presiones externas.
La administración universitaria defendió con firmeza su autonomía institucional, argumentando que ceder a las exigencias de la Casa Blanca —entre ellas, cambios en políticas internas y limitaciones al activismo estudiantil— socavaría su libertad académica. La demanda enfatiza que el acceso a fondos federales no debe condicionarse al alineamiento político de una institución educativa.
El gobierno de Trump justificó la congelación de fondos argumentando que universidades como Harvard permitieron manifestaciones en sus campus que, según el Ejecutivo, contenían expresiones de antisemitismo durante las protestas contra la guerra en Gaza. Esta acusación ha sido rechazada por las instituciones, que defienden el derecho a la libre expresión y aseguran haber actuado dentro del marco legal y académico.
Harvard no es la única en el centro de esta controversia: otras universidades de la Ivy League, como Pensilvania, Brown y Princeton, también han enfrentado la suspensión de fondos federales como parte de una campaña de presión del gobierno para forzarlas a adoptar nuevas políticas. En el caso de Columbia, una carta similar de exigencias provocó cambios internos luego de la amenaza de perder miles de millones en financiamiento.