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Nueva medida de Trump contra inmigrantes: ¿Qué es la Ley de Insurrección y cómo ejecutará?

Esta ley permite desplegar fuerzas militares federales para facilitar detenciones y deportaciones, generando controversia sobre la militarización de la política migratoria.

Donald Trump recurre a una orden llamada “Ley de Insurrección”, que data de 1807. | Imagen: composición Líbero

Donald Trump volvió a colocar la inmigración en el centro de su agenda política con una polémica medida: el posible uso de la Ley de Insurrección de 1807 para frenar la migración irregular en Estados Unidos. Esta ley, que permite al presidente desplegar fuerzas militares federales dentro del país, se está considerando como herramienta para facilitar detenciones y deportaciones.

Los críticos alertan sobre los riesgos de militarizar la política migratoria, mientras que los defensores de Trump aseguran que se trata de una respuesta “necesaria” ante la crisis fronteriza. La decisión final está siendo evaluada por los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.

¿Qué es la Ley de Insurrección?

La Ley de Insurrección, creada en 1807, permite al gobierno federal enviar tropas para colaborar con las fuerzas policiales estatales. Su posible aplicación provocó una gran controversia en Estados Unidos, no solo por los aspectos legales y los límites que podrían establecerse, sino también por su escasa utilización a lo largo de la historia del país.

Además, fue diseñada para otorgar al presidente la autoridad de desplegar fuerzas militares en situaciones donde “agrupaciones o interferencias” impidan que las leyes se apliquen a través de los canales judiciales habituales.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo el servicio militar a personas transgénero. Imagen: AFP

¿Cómo puede ser ejecutada esta ley?

Alcance operativo: permite el uso tanto de tropas regulares como de la Guardia Nacional.
Tareas asignables: desde contener disturbios y garantizar el cumplimiento de fallos judiciales, hasta realizar arrestos y trasladar personas, incluidos migrantes.
Flexibilidad legal: otorga al Poder Ejecutivo un margen de acción amplio que preocupa a expertos legales y miembros del Congreso.