La ley permite usar fuerzas militares en detenciones y deportaciones, generando polémica por militarizar la política migratoria.
Donald Trump ha reactivado el tema de la inmigración en su agenda política, proponiendo una medida controvertida: la posible invocación de la Ley de Insurrección de 1807 para abordar la migración irregular en Estados Unidos. Esta legislación otorga al presidente la facultad de desplegar fuerzas militares federales en el territorio nacional, lo que podría utilizarse para agilizar los procesos de detención y deportación de inmigrantes.
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Los críticos alertan sobre los riesgos de militarizar la política migratoria, mientras que los defensores de Trump aseguran que se trata de una respuesta “necesaria” ante la crisis fronteriza. La decisión final está siendo evaluada por los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.
La Ley de Insurrección, creada en 1807, permite al gobierno federal enviar tropas para colaborar con las fuerzas policiales estatales. Su posible aplicación provocó una gran controversia en Estados Unidos, no solo por los aspectos legales y los límites que podrían establecerse, sino también por su escasa utilización a lo largo de la historia del país.
Además, fue diseñada para otorgar al presidente la autoridad de desplegar fuerzas militares en situaciones donde “agrupaciones o interferencias” impidan que las leyes se apliquen a través de los canales judiciales habituales.
Alcance operativo: permite el uso tanto de tropas regulares como de la Guardia Nacional.
Tareas asignables: desde contener disturbios y garantizar el cumplimiento de fallos judiciales, hasta realizar arrestos y trasladar personas, incluidos migrantes.
Flexibilidad legal: otorga al Poder Ejecutivo un margen de acción amplio que preocupa a expertos legales y miembros del Congreso.