Trump prioriza sus estrategias en contra de la banda criminal venezolana, instruyendo a la policía para que los busque hasta en los hogares de Estados Unidos.
Donald Trump autorizó a las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a otras agencias de todo Estados Unidos, a realizar redadas domiciliarias contra inmigrantes, incluso sin contar con una orden judicial, para atrapar a miembros del Tren de Aragua. Así lo reveló un memorando confidencial.
Según USA Today, la medida tiene en la mira a la pandilla venezolana puesto que fue designada como organización terrorista extranjera. No obstante, a pesar de haber comunicado el objetivo de las intervenciones, esta decisión ha desatado preocupación en los inmigrantes y defensores de derechos civiles.
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La directiva fue emitida el 14 de marzo por la fiscal general Pam Bondi y marca el primer uso explícito de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en este contexto. Esta ley, pensada originalmente para tiempos de guerra, ha sido invocada por la administración Trump para acelerar la expulsión de inmigrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
El memorando da a los agentes de inmigración la facultad de detener a personas con base en una "creencia razonable" de que están vinculadas al grupo criminal, sin necesidad de pruebas sólidas. También permite entrar a viviendas privadas si se considera que obtener una orden judicial es "impracticable".
Un día después de la orden, más de 200 venezolanos fueron trasladados a CECOR, una prisión de máxima seguridad en El Salvador que ha sido señalada por sus duras condiciones, usualmente reservada para acusados de terrorismo y crimen organizado.
A pesar de los cuestionamientos, el Departamento de Justicia ha evitado dar explicaciones públicas sobre la implementación de esta medida.
USA Today afirma que la estrategia ha sido duramente criticada por abogados, activistas y expertos en migración. Varios señalan que permite a la policía violar derechos constitucionales fundamentales, como la protección contra registros sin orden judicial, presente en la Cuarta Enmienda.
Además, denuncian que los criterios para identificar a supuestos miembros del Tren de Aragua incluyen factores subjetivos como haber hecho llamadas telefónicas con otros sospechosos, llevar cierta ropa, usar grafitis o hacer gestos con las manos, lo que podría llevar a detenciones discriminatorias.
También advierten que esta política representa un uso extremo de una autoridad pensada para contextos de guerra, ahora empleada en tiempos de paz para allanar viviendas y deportar sin debido proceso.
