Una orden emitida por Donald Trump solicita a los estados que entreguen datos sobre los receptores del Programa SNAP. ¿Por qué y habrá sanción en EE. UU.?
Una reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de marzo de 2025 generó un intenso debate en Estados Unidos. Esta normativa obliga a todas las agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Agricultura (USDA), a compartir de inmediato la información personal de millones de beneficiarios de asistencia pública, con especial énfasis en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). AQUÍ todo sobre la nueva medida y más.
Vale señalar que esta última medida ha suscitado preocupaciones entre organizaciones defensoras de los derechos civiles y ha ocasionado inquietudes en comunidades vulnerables, que expresan su temor por la privacidad y la seguridad de sus datos personales.
Ahora, la información que están obligados a compartir estas entidades abarca nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, números del Seguro Social, historial de beneficios y el monto total recibido por cada beneficiario. Las autoridades defienden que esta iniciativa busca establecer un control más estricto sobre el sistema y erradicar irregularidades.
No obstante, críticos han expresado su rechazo, advirtiendo que esto podría constituir una violación sin precedentes a la privacidad de los ciudadanos. La implementación de esta medida ya ha comenzado, con el USDA enviando cartas a los gobiernos estatales para solicitar su colaboración. Aunque la gestión del programa SNAP recae en los estados, es ya una ley compartir su base de datos con el gobierno central.
Brooke Rollins, directora del USDA, apoyó completamente la orden al señalar que el sistema ha funcionado en "piloto automático" durante años, sin un monitoreo adecuado en tiempo real.
"Es razonable que tengamos acceso a los datos de los programas que financiamos con fondos federales", sentenció Rollins, quien también destacó que esta medida facilitará la identificación de patrones de uso y la detección de posibles fraudes en la asistencia alimentaria.