Funcionarios republicanos del Congreso de Estados Unidos buscan acelerar un proyecto de recorte presupuestario que ha generado críticas de la oposición.
Legisladores afines a Donald Trump impulsan en el Congreso de Estados Unidos un recorte presupuestario que busca reducir más de 9.000 millones de dólares destinados a DOGE, la agencia creada para optimizar el gasto federal. La medida contempla recortes que afectarían áreas como la ayuda humanitaria y la radiodifusión pública, generando tensión política dentro y fuera del Capitolio.
Congresistas aliados de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, buscan acelerar el recorte de 9 millones de dólares destinados a este ente estatal. El plan contempla reducir fondos para áreas como la radiodifusión pública y la ayuda humanitaria a extranjeros. Al respecto, el senador John Thune afirmó: "Estamos avanzando a toda velocidad".
La próxima semana se llevará a cabo una votación clave para aprobar estos cambios presupuestarios. El plan contempla recortar gastos desde inicios de año y eliminaría 1.000 millones de dólares destinados a las emisiones públicas de PBS y NPR, además de otros 8.300 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Thune expresó su entusiasmo por concretar este ahorro: "Espero que, a medida que avancemos en el proyecto de ley, podamos ver algunos ahorros que complementen lo que ya hemos logrado". Por su parte, el senador republicano de Indiana, Todd Young, felicitó a la agencia: "Creo que DOGE ha hecho un buen trabajo"; aunque hay opositores a esta normativa.
El demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, lanzó duras críticas al plan estatal: "No podemos aceptar que esta crueldad sea la nueva realidad". Además, pidió a la oposición reconsiderar la medida, recordando que la financiación se aprobó anteriormente de forma bipartidista: "¿Se doblegarán los republicanos del Senado ante Donald Trump una vez más, o realmente mostrarán firmeza?".
Este ente estatal fue creado por orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 para modernizar la tecnología federal, reducir regulaciones y optimizar el gasto público mediante cambios en la estructura del U.S. Digital Service. Donald Trump nombró inicialmente al multimillonario Elon Musk como "special government employee" y colíder junto a Vivek Ramaswamy; sin embargo, la Casa Blanca aclaró que Musk actúa solo como asesor y que la directora administrativa es Amy Gleason, ejecutiva con experiencia tecnológica y exfuncionaria de esa agencia.
DOGE se ha visto envuelto en múltiples controversias. Gobiernos estatales y sindicatos han presentado demandas alegando que Musk fue nombrado sin supervisión ni confirmación del Senado, ejerciendo funciones ejecutivas sin respaldo legal. Además, su impacto en agencias como el IRS o USAID se ha traducido en recortes y reestructuraciones que provocaron errores operativos, cuestionamientos por falta de transparencia y un clima de incertidumbre laboral. Un reciente fallo de la Corte Suprema también permitió continuar con despidos masivos de empleados federales, lo que intensificó la preocupación entre los trabajadores públicos.