Donald Trump desea retomar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desafiando la prohibición de una jueza federal.
En la búsqueda de mejorar las estrategias migratorias en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump tiene pensado apelar para retomar las redadas de la agencia de migración ICE en el sur de California, conocido estado santuario. Dicha medida también se centra en fomentar operativos de inmigración en Los Ángeles.
La decisión planteada expondría a los inmigrantes a un contexto plagado de ansiedad y control extremo, mientras el mandatario republicano cumple con su misión de realizar la mayor deportación en la historia del país norteamericano. ¿Qué se sabe sobre esta drástica decisión? ¿Por qué se impuso el fallo en contra de los operativos migratorios? Aquí te comentamos.
Dado el deseo de Trump de continuar las redadas migratorias en el estado santuario, en una declaración del domingo 13 de julio, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló que la prohibición migratoria califica como una "grave extralimitación de la autoridad judicial que debe corregirse en apelación".
Posteriormente, declaró que "ningún juez tiene la autoridad para dictar la política migratoria", manifestando que esta tarea le corresponde únicamente al Congreso y al presidente. "Las operaciones de control requieren una planificación y una ejecución cuidadosas; habilidades que van mucho más allá del ámbito o la jurisdicción de cualquier juez".
Según información recopilada por CBS News, las redadas de ICE en el sur de California se prohibieron debido a un fallo de una jueza federal que concluyó que los agentes estaban realizando detenciones sin causa probable, violando así la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión fue resultado de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que acusó a las autoridades federales de seleccionar a personas para arrestos de inmigración basándose en factores como el color de piel, idioma, acento o el lugar donde se encontraban, lo que constituye un uso discriminatorio de perfiles raciales. El fallo establece que no se podrán realizar detenciones sin una sospecha razonable de violación a las leyes migratorias.