Juez que antes había dejado sin valor a propuesta de Trump, de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, reafirmó su decisión.
Recientemente, un juez federal, quien previamente había restringido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aboliera la ciudadanía por derecho de nacimiento, conversó sobre la viabilidad de su orden de restricción en el país americano. Estas declaraciones, con CNN, se llevó a cabo tras la decisión de la Corte Suprema, que suspendió la facultad de los jueces para emitir sentencias de tal magnitud. ¿Qué pasará con los inmigrantes dentro de poco?
CNN difundió, mediante sus plataformas, sobre la última acción del juez de distrito estadounidense Leo Sorokin, del tribunal federal de Boston, EE. UU. El magistrado confirmó su intención de mantener parte de su fallo anterior en relación con el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento, emitido por Donald Trump en su primer día de mandato.
Durante una reciente audiencia, Sorokin no dudó en cuestionar a los abogados del Gobierno y a fiscales generales demócratas de más de una docena de estados del país americano, así como del Distrito de Columbia y varias ciudades, esto para saber sobre la continuidad de su interdicto nacional tras la instrucción de la Corte Suprema, que exigió a los tribunales inferiores reconsiderar fallos.
Vale precisar que, dicho decreto aceptado y firmado el 20 de enero, el cual también recibe el nombre de "PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE", revelaba que el gobierno federal no emitía documentos que reconocieran la ciudadanía a niños nacidos en EE. UU. de padres que se encontraran en el país de manera ilegal o temporal.
Por su parte, la Corte Suprema, en su última decisión del pasado 27 de junio, determinó que la administración no podría hacer cumplir el decreto por un mes, aunque sí podría comenzar a desarrollar directrices para su implementación.
En tanto, el Departamento de Justicia decidió solicitar a Sorokin que emitiera un interdicto alternativo que no bloqueara completamente la política, permitiendo que los niños afectados se inscribieran en programas federales de beneficios. ¿A qué otras medidas podría recurrir Trump para llevar a cabo las deportaciones, pese al rechazo del juez y otras autoridades estadounidenses?
Por otro lado, Eric Hamilton, abogado del Departamento de EE. UU., precisó que el gobierno debería reembolsar a los estados por los costos de estos beneficios, a pesar de que los menores no serían considerados ciudadanos autorizados.
Asimismo, la autoridad mostró interés en la viabilidad de este sistema, cuestionando a Hamilton sobre su factibilidad. El abogado aseguró que cumplirían con la orden del tribunal y que cualquier preocupación sobre el cumplimiento sería comunicada al juez de manera inmediata.