Ni tener DACA ni permiso de trabajo lo salvó: ICE arrestó a este inmigrante sordomudo en California
Javier Díaz Santana se enfrentó a una trágica situación a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras haber sido arrestado.
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Javier Díaz Santana, un inmigrante sordomudo de 32 años, fue arrestado en California por agentes de ICE a pesar de tener DACA, permiso de trabajo y ningún antecedente penal. Trabajaba en un lavadero de autos, vivía con su familia y tenía su vida en regla. Pero nada de eso importó. Fue detenido como si fuera un criminal peligroso. Su caso ha desatado indignación en todo Estados Unidos.
¿Cómo ocurrió la detención del inmigrante sordomudo a manos de ICE?
Según Los Angeles Times, el 13 de junio, Javier estaba en su trabajo cuando vio a varios compañeros correr. Una mujer intentó advertirle con señas, pero él no entendía qué ocurría. Alcanzó a escapar unos metros, cojeando por una vieja lesión en el pie, cuando dos camionetas blancas le cerraron el paso.
Agentes armados y sin identificación clara bajaron de los vehículos. Gritaron órdenes que Javier no podía oír. Él se señaló los oídos, mostró su celular para escribir, sacó su Real ID, pero nadie lo escuchó. Lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo subieron a una camioneta sin decirle por qué lo arrestaban.
Estuvo 25 días detenido. Primero en California, luego trasladado a El Paso, Texas, sin poder comunicarse con su abogado ni su familia. Le entregaban papeles en español, idioma que no sabe leer. Dormía poco, lloraba y rogaba que lo entendieran. El gobierno le colocó un grillete electrónico al liberarlo, sin explicación alguna. Las instrucciones para usarlo también estaban en español.
Críticas en contra del arresto del inmigrante sordomudo
Para su abogada, Roxana Muro, esto fue un caso claro de perfil racial. “No les importó que tuviera DACA ni permiso. Lo arrestaron por ser latino y vulnerable”, denunció. ICE solo se justificó diciendo que DACA “no es estatus legal” y que la ley se aplicará igual.
Pero activistas y defensores de derechos civiles acusan a la agencia de violar derechos básicos. No le dieron acceso a un intérprete de señas. No entendía nada de lo que firmaba. Y estuvo incomunicado durante semanas.
Incluso un juez federal ya había ordenado que se garantice acceso a intérpretes para personas sordas en centros de detención. Pero el gobierno ignoró el fallo. “Javier fue invisible para el sistema. Lo trataron como si no existiera”, dijo su abogada.
Ahora, Javier vive con miedo. Lleva un grillete que no entiende por qué debe usar. Tiene pesadillas. Y teme que vuelvan a buscarlo, aunque no ha hecho nada malo.
