Miles de venezolanos y otros inmigrantes han llegado a EE. UU. buscando refugio debido a la crisis, y han sido acogidos en las ciudades santuario, según el DOJ.
Recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha publicado una lista oficial que incluye cerca de 30 jurisdicciones designadas como "santuarios". Estos territorios, que comprenden estados, ciudades y condados, ofrecen protección a los inmigrantes en situación irregular al restringir su cooperación con las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre las ciudades santuario incluidas en la lista del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, se destacan:
Estas ciudades brindan un entorno más seguro para los inmigrantes de Venezuela y otras naciones, y trabajan para garantizarles acceso a servicios sin la preocupación constante de ser detenidos por el ICE.
A lo largo de los últimos años, la administración Trump presentó diversas demandas legales contra las ciudades santuario, con el fin de obligarlas a cumplir con las leyes migratorias federales. Esto ha generado un intenso debate, ya que algunas de estas políticas han sido vistas como una protección vital para los inmigrantes, mientras que otras las consideran una violación de las normas federales.
Por ejemplo, el DOJ demandó a ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago por no cumplir con los requerimientos federales de detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
El gobierno federal señaló las jurisdicciones que bloquean la cooperación con el ICE.
Las jurisdicciones santuario son áreas donde las autoridades locales deciden no colaborar activamente con el gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. En lugar de eso, se enfocan en proteger a los inmigrantes indocumentados de Venezuela y otros países, procurando que no sean detenidos ni deportados sin una causa legal clara.
Este concepto no tiene una definición única, pero generalmente hace referencia a gobiernos locales y estatales que limitan la cooperación con el ICE. La nueva lista, publicada por el DOJ, incluye tanto ciudades como condados y se distingue por estar dominada por áreas gobernadas por partidos políticos demócratas.