Poco más de 21,500 persona se han sumado a esta demanda contra ICE por su cuestionable accionar en las redadas contra inmigrantes indocumentados.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocidos por siglas, ICE, para muchos han recibido un poco de justicia divina al recibir una demanda colectiva que supera los US$ 6 mil millones de dólares en multas, como protesta a las sanciones económicas imposibles de pagar impuestas a indocumentados en los Estados Unidos.
Este es un hecho sin precedentes porque, si los demandantes consiguen vencer, forzarán a ICE a cambiar la forma cómo aplican sanciones económicas ya que, hasta el momento, lo han hecho de una forma desmedida ya que, por ejemplo, sancionaron a una mujer con 1.8 millones de dólares, monto que no está en condiciones de pagar.
La demanda colectiva la integran poco más de 21,500 personas quienes la interpusieron en la Corte de Distrito de Massachusetts que, si sumamos el total de cada una de las sanciones, nos darían un total de 6 mil millones de dólares, la cuales se suman desde enero de 2025, es decir que coincide con el inicio de gobierno de Donald Trump.
La Corte de Distrito de Massachusttes dijo que las multas que impone ICE no contemplan si son las adecuadas para cada caso, lo que sería una violación al la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Constitución misma.
Sin embargo, todo esto apunta a que no sería tan arbitrario como parece, ya que las multas altas tienen por fin presionar inmigrantes (por ejemplo, multas de US$998 dólares diarios, forzándolo para que abandonen los Estados Unidos de forma voluntaria vía la aplicación CBP Home.
En cuanto a la demanda, lo que esta busca en su génesis es forzar la anulación de la norma que permiten imponer estas multas exorbitantes, ya que también violaría la Cláusula de Multas Excesivas de la Octava Enmienda, de donde se difiere que las multas de US$2 millones de dólares son, simplemente, desproporcionadas.
Al respecto, Hasan Shafiqullah, de The Legal Aid Society, dijo: "Estas multas buscan aterrorizar a las familias (...) Quienes buscan protección legal enfrentan confiscación de salarios, autos e incluso casas".
Por su parte, Javier Hidalgo, de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (RAICES, que defiende a los demandantes junto con Free Migration Project, Covington & Burling LLP y ILRC) comentó que: "Se trata castigar a quienes ejer4cen su derecho legal a protegerse: La administración busca deshumanizar y coaccionar", sentenció.