Un informe del Instituto Cato indica que más de 1,2 millones de trámites migratorios en EE. UU. siguen estancados, generando indignación.
Miles de inmigrantes latinoamericanos han dedicado años y grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener una visa, un permiso de trabajo o la residencia permanente en Estados Unidos. No obstante, un informe del Instituto Cato, elaborado por David J. Bier, sostiene que el sistema migratorio se ha transformado en una especie de trampa burocrática, en la que el gobierno cobra elevadas tarifas por solicitudes que finalmente no procesa y que, en muchos casos, termina anulando.
La investigación revela que más de 1,2 millones de trámites están congelados en un limbo administrativo, afectando principalmente a cubanos, venezolanos y haitianos, mientras el Estado acumula cerca de mil millones de dólares en tarifas sin brindar los servicios correspondientes. La situación ha generado indignación entre las comunidades migrantes, que ven cómo su dinero y tiempo se desperdician sin respuestas claras.
El informe del Instituto Cato describe un sistema donde las autoridades federales aceptan dinero de los solicitantes, pero no procesan ni resuelven las solicitudes. Esto incluye permisos de trabajo, ajustes de estatus, asilos, visas y naturalizaciones que permanecen en cajones administrativos mientras los fondos recaudados engrosan las arcas públicas.
El gobierno de EE. UU. cobra jugosos montos por solicitudes que no procesa y cancela.
David J. Bier califica la situación de "fraude masivo", señalando que el gobierno mantiene viva la ilusión de un trámite en curso, sin informar a los solicitantes sobre bloqueos, cancelaciones o retrasos indefinidos. Para muchos migrantes, esto significa años de espera y gastos sin ningún beneficio tangible.
El estudio identifica tres mecanismos que perpetúan este engaño:
Según el informe, estas políticas aseguran que miles de migrantes paguen tarifas por servicios que nunca recibirán, generando un ciclo donde la esperanza del migrante se convierte en un recurso financiero para el Estado, mientras sus solicitudes son canceladas o bloqueadas indefinidamente.