ALERTA MÁXIMA para familias inmigrantes en EE. UU.: DENUNCIAN que el gobierno detiene y DEPORTA a niños protegidos por leyes humanitarias

En plena controversia por su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre familias inmigrantes al deportar y detener a menores que contaban con protecciones legales. Aunque las declaraciones oficiales sostienen que se buscan los peores delincuentes, los datos muestran que muchos afectados no tenían antecedentes penales y eran víctimas de abuso o negligencia.

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Entre los casos más preocupantes están los menores con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), creado para ofrecer una vía hacia la residencia permanente a jóvenes que han sufrido abandono, abuso o daños similares. Pese a su vulnerabilidad, decenas de niños han sido detenidos o deportados desde la eliminación de la Acción Diferida, que previamente los protegía mientras esperaban su green card.

Detenciones y deportaciones de menores protegidos

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de diciembre, 132 menores con SIJS fueron deportados y otros 265 detenidos. Estas cifras fueron proporcionadas a la senadora Catherine Cortez Masto tras una solicitud conjunta de 19 legisladores preocupados por la situación de los menores migrantes.

Organizaciones como National Immigration Project y KIND (Kids in Need of Defense) denuncian que muchos menores protegidos pierden sus beneficios legales de forma arbitraria, incluso cuando poseen permisos de trabajo o protección temporal. La revocación de la Acción Diferida se realiza sin explicación, generando miedo e incertidumbre entre los jóvenes afectados.

Historias que reflejan la crisis

Uno de los casos más impactantes es el de un adolescente deportado a Guatemala pese a haber sufrido negligencia grave en su país de origen. Detenido por agentes del ICE sin orden judicial y sin acceso a abogados, su caso refleja la precariedad legal en la que se encuentran estos menores migrantes.

Otros jóvenes han perdido su permiso de trabajo por detenciones mínimas o casuales, incluso en la entrada de sus casas o de camino al empleo. Para muchos, el permiso de trabajo constituía su primera identificación legal y su acceso a oportunidades y servicios esenciales, dejando a los menores protegidos en una situación de vulnerabilidad.

Cambios legales y resistencia

La eliminación de la Acción Diferida y las crecientes dificultades para posponer los casos de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) han generado una crisis humanitaria silenciosa en EE. UU., afectando a más de 150.000 menores que esperan su green card debido a retrasos administrativos previos a la actual política migratoria. Muchos jóvenes que habían sobrevivido a abuso, abandono o negligencia ahora enfrentan detenciones y deportaciones pese a estar protegidos por leyes humanitarias, generando alarma entre familias inmigrantes y defensores de los derechos de los niños.

Para enfrentar esta situación, la senadora Catherine Cortez Masto impulsa la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables, destinada a agilizar la residencia permanente de los menores y garantizar que no sean deportados mientras esperan sus beneficios. Defensores del programa SIJS rechazan los argumentos del gobierno sobre fraude, recordando que el proceso requiere verificación judicial y evidencia de abuso o negligencia, por lo que “es un intento de difamar y desacreditar a los menores protegidos por la ley”, según Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Retraso en la SIJS.