La salvadoreña Deisy Rivera Ortega fue liberada por el ICE en El Paso y continuará su proceso migratorio en Estados Unidos bajo estrictas medidas de control.
Una inmigrante salvadoreña identificada como Deisy Rivera Ortega fue liberada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras permanecer aproximadamente un mes detenida en el marco de su proceso migratorio en Estados Unidos. Su caso generó atención pública por tratarse de la esposa de un sargento del Ejército estadounidense y por las condiciones legales relacionadas con su solicitud de permanencia en el país.
La detención de Rivera Ortega se produjo el 14 de abril en una oficina migratoria en El Paso, durante una cita vinculada a su trámite de Parole in Place (PIP), un beneficio orientado a familiares de militares que buscan regularizar su estatus migratorio. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer ingresó a Estados Unidos en 2016 por la zona del Valle del Río Grande, Texas, y desde diciembre de 2019 contaba con una orden final de deportación.
A pesar de ello, había solicitado el programa PIP tras su matrimonio en 2022 con José Serrano, sargento de primera clase del Ejército de los Estados Unidos con más de dos décadas de servicio y despliegues en Afganistán. Su defensa sostenía que su vínculo familiar con un militar debía ser considerado en su proceso migratorio.
El caso se enmarca en un ajuste reciente de políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y del Departamento de Seguridad Nacional, que eliminó la consideración automática del servicio militar de un familiar como factor atenuante en decisiones migratorias. En ese contexto, el DHS sostuvo textualmente: "El servicio militar por sí solo no exime automáticamente a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos".
Tras su arresto, la presión pública y la intervención política, incluida la gestión de la senadora demócrata Tammy Duckworth ante el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, derivaron en su liberación.
Sin embargo, su salida no fue incondicional: las autoridades migratorias establecieron que deberá portar un dispositivo GPS de rastreo, cumplir con visitas domiciliarias obligatorias y presentarse de forma periódica ante las oficinas de inmigración, como parte de su supervisión mientras continúa su proceso legal en Estados Unidos.