HRW y la ACLU recopilan testimonios de detenidos que denuncian abusos, negligencia médica y condiciones precarias en Camp East Montana, Texas.
Decenas de personas retenidas en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas denunciaron presuntas agresiones físicas, falta de atención médica y condiciones degradantes dentro de Camp East Montana, una instalación ubicada en la base militar Fort Bliss, en El Paso. Las acusaciones fueron recopiladas en un informe elaborado por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El informe, de 84 páginas, señala que 64 de los 71 detenidos entrevistados durante cinco meses afirmaron haber sido golpeados por guardias o haber presenciado abusos cometidos contra otros inmigrantes en Estados Unidos. Los testimonios también describen la falta de atención médica, alimentos en mal estado, deficiencias de higiene y condiciones insalubres en los espacios de alojamiento.
Según los relatos recopilados, algunos inmigrantes indocumentados denunciaron baños cubiertos de suciedad, áreas inundadas y restricciones prolongadas para acceder a la luz solar, al aire fresco o a actividades recreativas. También afirmaron que se les impidió comunicarse con sus familiares y abogados.
La agencia Associated Press (AP) informó que "los nuevos relatos de violencia y condiciones de vida deficientes dentro de Camp East Montana coinciden con reportes anteriores de The Associated Press y otros medios". Además, recordó que al menos tres personas han muerto desde la apertura del centro en agosto, entre ellas un migrante cubano de 55 años cuya muerte fue declarada homicidio por un médico forense local tras un episodio de inmovilización por parte de los guardias.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones y aseguró que los reportes sobre condiciones inhumanas en la instalación son "categóricamente falsos". La dependencia afirmó que ICE mantiene medidas para proteger la salud y la seguridad de las personas bajo custodia.
Human Rights Watch y la ACLU pidieron el cierre de Camp East Montana y solicitaron investigaciones independientes sobre las denuncias de violencia, negligencia médica y posibles violaciones de los derechos humanos.
Los investigadores señalaron que algunos detenidos denunciaron haber recibido golpes durante protestas, al solicitar atención médica o al presentar reclamos por las condiciones del lugar. También indicaron que hubo presiones para abandonar procesos migratorios y aceptar deportaciones a terceros países bajo supuestas amenazas de violencia, cargos penales o detención prolongada.
La polémica aumentó después de que ICE reemplazara al contratista encargado del campamento tras una revisión interna que detectó 49 deficiencias relacionadas con la seguridad, el uso de la fuerza y la atención médica. La instalación fue diseñada inicialmente para albergar hasta 5,000 personas.
Angélica César, investigadora de Human Rights Watch y la ACLU, afirmó que "los abusos documentados en Fort Bliss son el resultado previsible de la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump, su brutal expansión de la detención migratoria y la erosión de los mecanismos federales de supervisión".