Trump busca frenar la restitución del TPS para miles de venezolanos y podría definir el futuro de 1.800 inmigrantes detenidos en Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump volvió a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para impedir que cientos de miles de inmigrantes venezolanos recuperen la protección que los amparaba frente a la deportación. La solicitud busca suspender una orden judicial que restablecería su Estatus de Protección Temporal (TPS), en medio de una nueva disputa legal que también podría afectar a miles de extranjeros que permanecen detenidos en el país.
Según informó Associated Press (AP), el Gobierno estadounidense presentó el miércoles una apelación de emergencia para suspender el fallo de un juez de California que declaró ilegal la eliminación del TPS para los venezolanos. La Administración sostiene que restablecer este beneficio impediría ejecutar hasta 332 órdenes de expulsión y la obligaría a devolver los permisos de trabajo a sus beneficiarios.
En su recurso, el Gobierno de Donald Trump advirtió que la medida provocaría un "daño grave e inmediato". Además, los abogados federales señalaron que, si la Corte Suprema no interviene antes del viernes, las autoridades podrían verse obligadas a liberar a aproximadamente 1.800 inmigrantes venezolanos que permanecen bajo custodia.
El máximo tribunal ya había autorizado el año pasado la eliminación de estas protecciones mientras el caso continuaba en trámite. Sin embargo, la disputa volvió a cobrar fuerza después de que un tribunal de California cuestionara la legalidad de esa decisión.
La batalla judicial también se desarrolla en un contexto de mayores restricciones migratorias. Trump ha impulsado medidas para retirar el TPS a ciudadanos de distintas nacionalidades, incluidos extranjeros que llevan décadas viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa creado por el Congreso en 1990 para evitar la deportación de personas procedentes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Este beneficio se otorga por periodos de hasta 18 meses y permite a sus beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos y solicitar una autorización de trabajo.
Alrededor de 600.000 venezolanos llegaron a contar con esta protección. Sin embargo, tras la decisión del Gobierno de Trump de ponerle fin el año pasado, sus permisos de trabajo también perdieron vigencia. Desde entonces, miles de personas fueron detenidas, deportadas o sometidas a procesos de expulsión, mientras que otras optaron por abandonar voluntariamente Estados Unidos.
La eliminación del TPS también afectó a más de un millón de personas procedentes de 13 países, entre ellos Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria. Sin embargo, la Administración mantuvo las protecciones de casi 200.000 salvadoreños, cuya vigencia estaba prevista hasta el 9 de septiembre, así como las de más de 100.000 ciudadanos de Ucrania y Sudán.
La Corte Suprema de Estados Unidos también permitió al Gobierno poner fin a las protecciones temporales para ciudadanos de Haití y Siria en junio pasado. En el caso venezolano, un tribunal de apelaciones suspendió posteriormente el fallo que mantenía vigente el programa. Sin embargo, esa medida tiene como fecha límite este viernes.
Por ahora, no existe una cifra precisa sobre cuántos venezolanos que anteriormente contaban con el TPS continúan viviendo en Estados Unidos. La nueva intervención de la Corte Suprema será determinante para establecer si estos inmigrantes podrán recuperar la protección contra la deportación o si seguirán expuestos a los procedimientos migratorios.