Estados Unidos endurece su lucha contra el narcotráfico: evalúa la pena de muerte para narcos extraditados por México

El gobierno de Estados Unidos está considerando la aplicación de la pena de muerte a varios narcotraficantes mexicanos, entre los que se destaca Rafael Caro Quintero. Esta medida forma parte de una estrategia más agresiva en la lucha contra el narcotráfico impulsada por la administración de Donald Trump, cuyo enfoque ha sido el endurecimiento de las políticas para combatir el crimen organizado.

Según el medio de comunicación La Verdad, el Departamento de Justicia de EE. UU. detalló que la entrega de los 29 narcotraficantes, incluido Caro Quintero, se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por parte del gobierno mexicano para responder a las solicitudes de extradición que no fueron atendidas durante la presidencia de Joe Biden.

El cambio en la postura de México ha sido una respuesta directa a las acciones del Departamento de Justicia estadounidense bajo las directrices de Trump, quien ha impulsado políticas más estrictas en materia de justicia penal. Entre las medidas más relevantes se encuentran las Órdenes Ejecutivas 14157 y 14164, que, respectivamente, califican a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras y restablecen la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos.

En el caso de Caro Quintero, los cargos incluyen la posibilidad de una cadena perpetua o la pena capital. Otros narcotraficantes, como Vicente Carrillo Fuentes y José Rodolfo Villarreal Hernández, podrían enfrentar la misma condena en caso de ser hallados culpables.

Cabe destacar que, según Milenio, y tras confirmaciones de la DEA, Caro Quintero es un narcotraficante que desató la muerte y destrucción en Estados Unidos y México.

La administración Trump no solo ha propuesto medidas más severas contra los narcotraficantes, sino que también ha ampliado la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Entre estos se incluyen el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y otros grupos como La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y el Cártel del Golfo (CDG), entre varios más.

Además de la pena de muerte para los líderes de estas organizaciones, la fiscal general Pam Bondi ha establecido que se priorizará la deportación de los narcotraficantes de bajo rango, particularmente aquellos sin estatus migratorio legal. Un aspecto clave de esta estrategia es combatir el soborno transnacional, que facilita las operaciones de los cárteles, y garantizar la aplicación efectiva de la pena capital, incluso en los estados donde aún se permite.

La cooperación entre ambos países busca, además de combatir el narcotráfico, reducir el impacto de la crisis por el fentanilo en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas hacia México, lo que continúa siendo un tema prioritario en las relaciones bilaterales.

La lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los desafíos más complejos en la agenda de ambos países, con la pena de muerte como uno de los puntos más controversiales de este nuevo enfoque.