Donald Trump vs. Harvard: Cancelan fondos y amenazan con veto a estudiantes extranjeros

La administración de Donald Trump ha intensificado su presión sobre instituciones académicas de élite, y en esta ocasión, Harvard está en el centro del conflicto. La universidad ha recibido una amenaza directa del gobierno: podría perder el derecho a admitir estudiantes internacionales si no colabora con una investigación relacionada con presuntas actividades ilegales y violentas de alumnos extranjeros.

La advertencia llegó desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con una exigencia clara: Harvard debe entregar documentación específica antes del 30 de abril. De no hacerlo, no solo se vería afectada su capacidad de atraer talento internacional, sino que también ya ha sido penalizada con la cancelación de subvenciones federales por un total de 2,7 millones de dólares.

El conflicto no solo es legal y administrativo, sino también simbólico. El gobierno acusa a Harvard y otras universidades de permitir el avance de ideologías consideradas “antiamericanas” y “pro-Hamas” en sus campus. Esta narrativa se enmarca en un clima político polarizado, donde la libertad académica y el derecho a la protesta se enfrentan a restricciones por razones de seguridad nacional.

Harvard ha respondido con firmeza, defendiendo su compromiso con los valores constitucionales y el debate académico libre. La universidad ha declarado que no cederá ante presiones políticas que pongan en riesgo su independencia institucional ni el derecho de sus estudiantes a expresar sus opiniones.

Además del veto a estudiantes internacionales, el gobierno de Trump ha advertido que Harvard podría perder beneficios fiscales si continúa resistiéndose a entregar información. La amenaza incluye la revisión de su estatus como institución sin fines de lucro, lo que implicaría consecuencias financieras de gran escala. Esta presión representa una ofensiva directa no solo contra la universidad, sino contra el modelo de financiamiento de las instituciones académicas en EE. UU.

Desde Harvard, la respuesta ha sido firme: la universidad defiende su autonomía y la libertad académica, asegurando que no cederá ante presiones políticas que pongan en peligro sus principios fundamentales. La institución sostiene que está comprometida con el cumplimiento de la ley, pero también con la protección de los derechos constitucionales de su comunidad estudiantil y docente.