Para agilizar los procedimientos de deportación, el ICE amplió su programa, lo que generó preocupaciones sobre posibles consecuencias para miles de inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) implementó un programa que otorga a sus agentes el poder de emitir órdenes de detención y deportación para extranjeros que sean considerados "deportables". Esta acción ha causado preocupación en las comunidades inmigrantes, ya que existe el temor de que personas sin estatus legal en el país puedan ser deportadas sin pasar por un proceso legal justo conforme a las políticas migratorias de Estados Unidos.
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El controvertido Programa de Acción contra Extranjeros Delincuentes (CAP) del ICE ha desatado un intenso debate debido a su estrategia de expulsión de inmigrantes con historial criminal. Esta iniciativa permite identificar y detener a quienes han cumplido condenas en EE. UU., despertando preocupaciones sobre su impacto en comunidades vulnerables.
Bajo este programa, el ICE tiene acceso a cárceles y prisiones para detectar a personas deportables, argumentando que esto reduce riesgos al evitar su liberación y posible reincidencia. Para ello, la agencia emite órdenes de retención migratoria, alertando a las autoridades locales antes de liberar a extranjeros en situación irregular.
El impacto del CAP es significativo: solo en 2020, facilitó la deportación de 42.796 personas, consolidando su papel en la política migratoria del país. La agencia suele dictar órdenes de detención contra inmigrantes que han sido hallados culpables de:
A pesar de su propósito, el Programa de Acción contra Extranjeros Delincuentes (CAP) ha sido criticado, principalmente por sus posibles implicaciones de discriminación racial. El programa no se limita solo a individuos con condenas definitivas, lo que puede llevar a la deportación de personas que aún están en prisión preventiva, generando preocupaciones por el trato desigual y las violaciones de derechos humanos.
El impacto del CAP es notable en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, donde el temor y la incertidumbre por la deportación afectan la vida diaria. Esto genera desconfianza hacia las autoridades, y las organizaciones de derechos humanos piden una revisión de las políticas, sugiriendo que debe existir un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de las personas.
El tiempo de detención en centros de inmigración en EE. UU. varía según varios factores y no tiene un límite fijo. ICE es la agencia responsable de estos centros. La duración depende de:
