En el debate sobre la inmigración, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) establece tres prioridades clave para enfocar sus operaciones de deportación.
Únete a nuestro canal de WhatsAppEn un contexto de endurecimiento de la política migratoria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado las redadas y deportaciones en todo el país. Durante la administración de Trump, estas medidas se centraron particularmente en individuos sin estatus legal. Pero, ¿cómo se decide quién será arrestado y deportado?
Según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y expertos legales, la agencia federal concentra sus esfuerzos en la deportación de personas que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza. Descubra los pormenores de cada una de estas prioridades.
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Aunque cualquier persona sin documentos puede estar en riesgo de deportación, ICE utiliza una serie de categorías para decidir en quién enfocar sus operativos. Estas se dividen en tres grandes amenazas: nacional, pública y fronteriza.
Aunque estos lineamientos marcan las prioridades de deportación, no eliminan el riesgo para otras personas sin estatus legal. De acuerdo con la ley migratoria de EE. UU., cualquier migrante sin documentos puede ser detenido y enfrentar un proceso de remoción.
Sin embargo, conocer estos criterios puede ser clave para entender cómo actúa ICE y qué factores influyen en sus decisiones. Esto puede ayudar a la comunidad a tomar medidas informadas, buscar asesoría legal y estar alerta ante posibles redadas.
Las prioridades de deportación del ICE no son aleatorias. Se basan en evaluaciones que buscan identificar posibles amenazas a la seguridad nacional, pública o fronteriza. Aun así, es esencial recordar que cualquier persona sin estatus migratorio puede verse afectada.
El tiempo que ICE tarda en deportar varía según varios factores. Para quienes tienen una orden de expulsión definitiva, ICE intenta realizar la deportación lo más rápido posible. Si no se concreta dentro de los 90 días, podría considerarse la libertad supervisada, aunque las apelaciones no cuentan para ese plazo. Para quienes no están detenidos, el proceso suele ser más largo.
En casos de deportación acelerada, el proceso puede tomar solo días o semanas, especialmente para quienes fueron detenidos cerca de la frontera, llegaron sin documentos válidos o cometieron violaciones migratorias específicas. En estos casos, no tienen derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.