Marco Rubio afirma defender el debido proceso para inmigrantes en medio de deportaciones rápidas
Marco Rubio afirmó que el debido proceso está garantizado para todos, independientemente del estatus migratorio, en medio de las deportaciones exprés en EE. UU.
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El Secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó este 27 de abril que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho al debido proceso en Estados Unidos, a pesar de las deportaciones exprés aplicadas en los últimos meses. De esta forma, Rubio defiende el plan establecido por el gobierno de Donald Trump, pero afirma que todas las personas en suelo norteamericano poseen el derecho a pasar por el debido proceso.
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Rubio hizo énfasis en que la Casa Blanca y sus agencias gubernamentales como ICE respetan las garantías legales fundamentales, Sus declaraciones surgen mientras crecen las preocupaciones sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones inmediatas. Los comentarios de Rubio se dan en el contexto de presión por parte de la Administración Trump sobre los jueces que demandan el uso indebido de esta controvertida ley para detener supuestos miembros del Tren de Aragua y el MS-13.
¿Qué mencionó Marco Rubio?
En medio de una entrevista para el programa Meet the Press de NBC News, el Secretario de Estado fue consultado sobre la deportación acelerada de inmigrantes indocumentados, y sobre el derecho al debido proceso de las personas intervenidas durante esta operación. Rubio insistió en que asegurar audiencias justas y un proceso legal adecuado es esencial para mantener la legitimidad del sistema judicial estadounidense.
“Sí, por supuesto”, afirmó con suma contundencia mientras era abordado por este tema que tiene en vilo a toda la comunidad latina y inmigrante en Estados Unidos. Estos comentarios se dan en un marco de presión ejercido por el gobierno estadounidense para que estas deportaciones rápidas tengan un efecto rápido sin intervenciones de los tribunales.
Ley de Enemigos Extranjeros: procesos acelerados de deportaciones
La Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto poco utilizado desde su promulgación en 1798, ha sido invocada recientemente para justificar deportaciones rápidas, especialmente de migrantes vinculados a organizaciones criminales. Bajo esta ley, el gobierno puede expulsar a extranjeros sin un proceso judicial completo, citando razones de seguridad nacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos legales advirtieron que la aplicación de esta ley vulnera las protecciones constitucionales. Aunque las autoridades sostienen que actúan en casos excepcionales, críticos argumentan que el uso creciente de procesos acelerados amenaza el derecho histórico al debido proceso en Estados Unidos. Distintas cortes federales denuncian y detienen estas deportaciones aceleradas por la vulneración de estos derechos.