El Departamento de Justicia desafía al gobierno de Trump por la deportación de inmigrantes ilegales a El Salvador, cuestionando la legalidad del procedimiento.
El Departamento de Justicia ha iniciado un conflicto legal con el gobierno del presidente Donald Trump por la deportación de varios inmigrantes ilegales a El Salvador. La medida ha sido cuestionada por posibles violaciones a los derechos humanos y a procedimientos migratorios establecidos. Este caso ha generado preocupación en organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Las autoridades judiciales argumentan que estas deportaciones podrían haberse ejecutado sin las debidas garantías legales, afectando gravemente a los afectados. Por su parte, exfuncionarios de la administración Trump defienden sus acciones como parte de una política migratoria firme.
PUEDES VER: Guerra arancelaria: comienzan primeros diálogos entre los gobiernos de Estados Unidos y China
El Departamento de Justicia recientemente dio a conocer que la Administración Trump no tiene autoridad sobre lo que ocurra con los más de 100 inmigrantes trasladados a una prisión de terroristas en El Salvador, bajo un proceso mínimo o nulo, tomando como referencia a la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Trump en su plan de deportaciones masivas y que ha sido muy controversial.
No obstante, el juez federal James Boasberg en Washington, DC, no acepta la posición de la administración de manera inmediata. Esto debido a que Boasberg inició una investigación en un caso presentado por varios inmigrantes detenidos en la prisión CECOT en El Salvador, con el fin de esclarecer si Estados Unidos ejerce custodias constructivas.
La conocida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, aprobada en Estados Unidos, permitía al presidente arrestar o expulsar a extranjeros de naciones enemigas durante conflictos bélicos. Esta norma formaba parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, promovidas bajo el mandato de John Adams. Sin embargo, aunque buscaba resguardar la seguridad del país, recibió críticas por atentar contra los derechos civiles.