El Tribunal Supremo aceptó la solicitud urgente del presidente Donald Trump, autorizando la suspensión de la renovación del TPS para más de 300.000 venezolanos.
El 19 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al presidente Donald Trump para poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente ampara a más de 300.000 venezolanos. La administración Trump argumentó que la continuidad del TPS para Venezuela va en contra del "interés nacional" y sostuvo que el sistema judicial carece de autoridad para intervenir en asuntos migratorios considerados "urgentes". Este caso continuará su revisión en instancias judiciales de menor rango.
Ante esta situación, la Alianza Nacional TPS recomienda a los venezolanos con estatus de Protección Temporal (TPS) que consulten con un abogado especializado en inmigración para evaluar las opciones disponibles según su situación particular. Algunas de las alternativas a considerar son:
Se aconseja a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que se mantengan informados mediante fuentes oficiales, como el portal de USCIS. Esto es fundamental, ya que la situación migratoria presenta una complejidad que puede verse afectada por cambios en decisiones legales.
La reciente resolución de la Corte Suprema establece que los individuos cuyo estatus de Protección Temporal (TPS) expiró el 7 de abril han perdido su estatus legal, así como los beneficios asociados, que incluyen el permiso de trabajo y la licencia de conducir.
Esta situación permanecerá vigente mientras se resuelve un segundo litigio en la Corte de Apelaciones de California, donde la Administración de Trump solicita la desestimación del caso sobre el TPS ante el tribunal de distrito de San Francisco, argumentando que el juez de esta instancia carece de la autoridad necesaria para tomar una decisión al respecto.
El procurador Sauer, en su comunicado, enfatizó que la "decisión de finalizar el TPS no equivale a una orden de expulsión definitiva", lo que permite a los afectados explorar otras alternativas legales para continuar residiendo en el país.