El máximo tribunal anuló el programa de protección temporal para 532.000 inmigrantes, tras una solicitud urgente de la secretaria de Seguridad Nacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al gobierno de Trump para cancelar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a más de 500.000 inmigrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Esta medida podría llevar a la deportación de miles de personas que ya viven y trabajan en el país, cumpliendo así una de las promesas más importantes de la campaña de Donald Trump.
El Tribunal Supremo permitió que la Administración Trump elimine el programa de 'parole' humanitario, afectando a inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela en EE. UU. Más de medio millón de personas podrían enfrentar deportación, ya que este programa protegía a quienes huyeron de crisis en sus países. Con esta decisión, el gobierno podrá revocar de inmediato el estatus de quienes ingresaron bajo dicho programa, dejándolos:
El programa de 'parole' humanitario, implementado por el expresidente Joe Biden, otorgaba un permiso temporal a aproximadamente 532.000 migrantes por razones humanitarias urgentes. La decisión de la Corte Suprema expone a estos individuos a una posible deportación acelerada mientras sus casos continúan en los tribunales inferiores.
En la votación, dos jueces liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo con la decisión. Jackson, en un comunicado, advirtió que el fallo "subestima las consecuencias devastadoras" que podría tener para las vidas de estas personas. La falta de justificación en el fallo resalta la naturaleza urgente y controvertida de la decisión del Alto Tribunal.
La reacción a esta decisión ha sido variada, con defensores de los derechos de los migrantes expresando su preocupación por el impacto que tendrá en las comunidades afectadas. La posibilidad de deportaciones masivas genera un clima de incertidumbre y miedo entre aquellos que se beneficiaban del programa.
A medida que el caso avanza en los tribunales inferiores, se espera que continúen las discusiones sobre la política migratoria en Estados Unidos.