Inmigrantes en peligro: Miami-Dade y el ICE firman convenio que perjudicaría los datos de los detenidos
El condado ubicado en Miami firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que perjudicaría la gestión de los datos de los inmigrantes.
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La firma de un nuevo acuerdo entre el condado de Miami-Dade y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado preocupación entre muchos inmigrantes detenidos, ya que podría afectar la gestión de sus registros públicos en las cárceles del distrito.
Datos de los inmigrantes detenidos en peligro
El distrito de Miami-Dade, liderado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, firmó un pacto con el ICE mediante el cual se otorgaría a la agencia federal el control de los registros de los presos que estén bajo su custodia. Esto podría tener implicaciones para la transparencia y el acceso a la información de los inmigrantes en proceso de deportación.
Este convenio será sometido a votación este lunes y modificaría el acuerdo ya existente entre Miami-Dade e ICE. El objetivo es que todos los datos estén bajo la supervisión de la agencia de inmigración, la cual se encargaría de gestionar la información. En ese contexto, es probable que las referencias no estén disponibles en los portales de búsqueda de manera precisa o que no se publiquen en tiempo real.
La subjefa de gabinete de la alcaldesa Levine, Rachel Johnson, aseguró que los nombres estarán disponibles a través de un portal en el que ciudadanos y familiares podrán realizar búsquedas. Pese a ello, persiste el temor respecto al control de los datos por parte de las autoridades federales. Además, defendieron el acuerdo argumentando que el condado continuará proporcionando información sobre los reclusos que se encuentren bajo custodia de ICE.
Cláusulas del acuerdo y reacciones
Como todo contrato, este acuerdo incluye cláusulas que deben cumplirse. Una de ellas establece que el condado podrá solicitar un reembolso de 50 dólares por cada inmigrante detenido con una orden de deportación. Estos fondos se destinarán a cubrir los costos adicionales que se generen y garantizarán el cumplimiento de los requerimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ante ello, se han registrado reacciones negativas por parte de diversos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. La organización Community Justice Project ha expresado su preocupación, ya que, si otros condados adoptan medidas similares, podría establecerse una práctica que limite el acceso público a la información sobre los indocumentados detenidos.
