Mientras la atención se centra entre California y Trump, varias entidades estatales están adoptando legislaciones propias para proteger a los inmigrantes.
Estados Unidos experimenta una tensión entre la administración de Donald Trump y los estados que defienden los derechos de las comunidades migrantes. California se destaca como un referente en esta batalla, adoptando múltiples legislaciones y emprendiendo acciones legales con el objetivo de salvaguardar a estos sectores vulnerables de la población.
Estados como Connecticut, Illinois, Oregón, Washington, Maryland y Colorado están implementando reformas en sus legislaciones con el objetivo de reforzar los derechos de los inmigrantes, en respuesta a las políticas del gobierno federal.
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En Connecticut, se amplió la Trust Act, lo que permite que las personas afectadas por la colaboración indebida de las autoridades locales con el ICE puedan presentar demandas. Esta ley establece restricciones más precisas sobre la cooperación entre los gobiernos locales y las agencias federales, lo que refuerza la protección de los derechos de los inmigrantes en el estado.
Colorado, por su parte, ha aprobado una normativa que prohíbe que las cárceles del estado detengan a personas con fines migratorios sin una orden judicial válida. También se ha limitado el acceso de agentes federales a lugares educativos y públicos. Estas nuevas medidas se suman a las que ya están en vigor en estados como Oregón, Washington y Maryland, donde se cuida la información personal de los inmigrantes y se restringe su uso para trámites migratorios.
Illinois también confirma su compromiso con las políticas de santuario, a pesar de las demandas federales en curso. La administración estatal sostiene que estas normas son constitucionales y buscan proteger tanto los derechos individuales como la seguridad de las comunidades. Este enfoque resalta la importancia de defender los derechos de los inmigrantes en un clima político adverso.
California demandó al presidente Donald Trump por desplegar de forma "ilegal" a la Guardia Nacional durante las manifestaciones en Los Ángeles contra las redadas migratorias. El fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom fundamentan que la orden de Trump violó la soberanía estatal. Bonta confía en que el estado saldrá victorioso en la demanda para anular la federalización de la Guardia Nacional.
California ha comandado el camino con la aprobación de reformas que restringen el acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y residencias sin una orden judicial. Además, se ha creado un fondo de US$50 millones destinado a financiar la defensa legal de los inmigrantes. Estas medidas resaltan la determinación del estado de proteger a sus residentes más vulnerables frente a las políticas migratorias agresivas del gobierno federal.