La medida fue rechazada tras confirmarse que vinculaba los fondos estatales a la implementación de políticas más estrictas en Estados Unidos.
El jueves 19 de junio, mediante un decreto federal emitido por el juez John McConnell, se bloqueó la medida propuesta por Donald Trump que vinculaba la concesión de miles de millones de dólares en subvenciones de transporte a la implementación de leyes migratorias más estrictas por parte de los estados.
Esta resolución representa una importante victoria legal para 20 estados liderados por demócratas que se habían opuesto a la política y un respiro para la comunidad inmigrante. En esta nota de Líbero, te comunicamos cuál es la razón detrás de esta decisión judicial.
Según informes de Reuters, el juez principal del distrito, John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, determinó que el Departamento de Transporte no tiene autorización para exigir las condiciones de los inmigrantes sobre los recursos federales destinados específicamente a infraestructura de transporte como carreteras y puentes. Según McConnell, no existía una conexión razonable entre colaborar con el control migratorio y los objetivos establecidos por el Congreso para ese tipo de financiación.
Además, sostuvo que imponer tal requisito viola la Constitución, y emitió una orden preliminar que frena su aplicación en los 20 estados demandantes y sus respectivas entidades locales. La demanda fue presentada por fiscales generales demócratas, quienes argumentaron que la administración de Trump buscaba utilizar los fondos como una herramienta de presión para forzar la alineación con su política migratoria restrictiva.
Aunque la administración de Donald Trump no respondió directamente al fallo, previamente había defendido la medida alegando que este departamento tenía discreción para implementar diversos requisitos sobre el envío de fondos estatales.
En abril, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estados que podrían perder financiamiento si no cooperaban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta política formaba parte de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras su regreso al poder en enero, con el objetivo de recortar fondos a las llamadas “jurisdicciones santuario” y reforzar los esfuerzos de deportación masiva.