La decisión inicial, planteada por Donald Trump, tenía una condición: ofrecía miles fondos estatales solo con este requisito frente a los inmigrantes.
Una reciente medida propuesta por Donald Trump fue bloqueada por el juez federal John McConnell el jueves 19 de junio. Esta condicionaba la entrega de miles de millones de dólares en subvenciones de transporte si los estados cumplían con la aplicación de leyes migratorias.
La decisión representa una importante victoria legal para 20 estados liderados por demócratas que se habían opuesto a la política y un respiro para la comunidad inmigrante. En esta nota te comunicamos cuál es la razón detrás de esta decisión judicial.
Según informes de Reuters, el juez principal del distrito, John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, determinó que el Departamento de Transporte no tiene autoridad legal para imponer condiciones migratorias sobre fondos federales destinados específicamente a infraestructura de transporte como carreteras y puentes. Según McConnell, no existía una conexión razonable entre colaborar con el control migratorio y los objetivos establecidos por el Congreso para ese tipo de financiación.
Además, sostuvo que imponer tal requisito viola la Constitución, y emitió una orden preliminar que frena su aplicación en los 20 estados demandantes y sus respectivas entidades locales. La demanda fue presentada por fiscales generales demócratas, quienes argumentaron que la administración de Trump buscaba utilizar los fondos como una herramienta de presión para forzar la alineación con su política migratoria restrictiva.
Aunque la administración de Donald Trump no respondió directamente al fallo, previamente había defendido la medida alegando que el Departamento de Transporte tenía discreción para establecer condiciones sobre la entrega de fondos federales.
En abril, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estados que podrían perder financiamiento si no cooperaban con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta política formaba parte de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras su regreso al poder en enero, con el objetivo de recortar fondos a las llamadas “jurisdicciones santuario” y reforzar los esfuerzos de deportación masiva.