Lo confirma el Departamento de Justicia: inmigrantes legales perderán su ciudadanía por cometer estos crímenes graves
La administración de Donald Trump tiene pensado despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados que hayan cometido estas infracciones.
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El gobierno de Estados Unidos, representado por Donald Trump, ha comunicado que los inmigrantes legales que cometan crímenes graves, como crímenes de guerra, abusos de derechos humanos, fraude financiero, fraude médico, y pertenencia a pandillas, pueden perder la ciudadanía americana.
Esta medida se enfoca en aquellos que hayan obtenido su ciudadanía de manera fraudulenta o mediante tergiversaciones durante el proceso de naturalización. Para conocer más detalles sobre la drástica medida del presidente, sigue leyendo esta nota.
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¿Por qué se tomó la decisión de revocar la ciudadanía de algunos inmigrantes legales?
Según The Guardian, la medida de priorizar la desnaturalización de ciertos inmigrantes se basa en la intención del gobierno de asegurar que aquellos que hayan ocultado información relevante o cometido delitos graves no mantengan su estatus de ciudadanía.
Además, al tratarse de procedimientos civiles y no penales, el gobierno tiene más flexibilidad para actuar, ya que no se requieren las mismas garantías procesales, como el derecho a un abogado o el mismo umbral de prueba. La directiva también se alinea con otras políticas de la administración, como la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, y la constante crítica a las políticas de inmigración.
¿Qué más se sabe sobre el derecho a la ciudadanía en Estados Unidos?
El derecho a la ciudadanía en Estados Unidos está siendo reexaminado a través de medidas que buscan despojar a ciertos individuos de su nacionalidad por crímenes graves. El proceso de desnaturalización, basado en procedimientos civiles, ofrece menos derechos de defensa que los procesos penales.
Cabe mencionar que esta política crea preocupaciones entre los abogados de inmigración, quienes temen que se cree una "segunda clase" de ciudadanos, sin los mismos derechos y protecciones legales que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Un ejemplo reciente es el caso de Elliott Duke, un veterano militar naturalizado del Reino Unido, cuya ciudadanía fue revocada después de que se descubriera que ocultó una condena por distribución de material de abuso infantil durante su proceso de naturalización.
