Es oficial: este distrito de Florida ratificó el acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Una comisión local en Florida aceptó las condiciones de ICE tras la amenaza del gobernador DeSantis de destituir a varios funcionarios.
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La influencia de las políticas migratorias que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refleja con fuerza en cada gobernación. En este caso, el gobernador de Florida, aliado del mandatario, logró, mediante advertencias, que la comisión del condado de Orange aprobara una resolución que autoriza a los oficiales a trasladar a los detenidos por agencias migratorias hacia otras instalaciones federales.
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Firmaron por presión de la gobernación
El alcalde de Orange, Jerry Demings, presentó el martes 5 de agosto ante la Comisión del Condado una adenda al polémico acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta permitirá que el personal federal de los centros correccionales tenga la facultad de trasladar a los detenidos a otras instalaciones, como el llamado "Alligator Alcatraz".
En marzo de 2025 se aprobó este convenio, que autorizaba al personal de las cárceles del condado a retener a los arrestados por los oficiales migratorios. Con esta nueva firma, las funciones van más allá de la simple detención; ahora se exige el traslado de los atrapados, una labor que antes la jurisdicción se negaba a realizar por limitaciones legales y de capacidad.
En una conferencia de prensa, Demings aseguró haber firmado este pacto porque las funciones de su cargo así lo exigían, pero también debido a la presión ejercida por el gobierno del estado de Florida: "Sí, firmé el maldito documento". Estas declaraciones se dieron horas después de que el fiscal estatal, James Uthmeier, amenazara con la destitución de los funcionarios que no firmaran el acuerdo.
La comisión aprobó esta orden con cinco votos a favor y dos en contra. Las únicas funcionarias que se opusieron a la intervención de ICE fueron las comisionadas Nicole Wilson y Kelly Semrad, quienes denunciaron la coacción ejercida y pusieron en riesgo sus cargos. Además, diversos defensores comunitarios y la representante estatal Anna Eskamani señalaron que no existe una obligación legal clara y pidieron impugnar esta medida ante los tribunales.
Posibles consecuencias
El impacto negativo que ocasionarán estas acciones de ICE recaerá sobre las familias inmigrantes, ya que el traslado de detenidos aumentará la separación familiar, generará pánico entre los extranjeros residentes del condado de Orange y abrirá un debate sobre la autonomía local frente a la presión del gobierno central en asuntos migratorios.
