Nueva actualización en la política migratoria preocupa a comunidades que dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Miles de inmigrantes latinoamericanos se encuentran ante un futuro incierto en Estados Unidos, luego de que el gobierno anunciara actualizaciones importantes en los programas de protección temporal. Entre los más afectados están los venezolanos que llegaron al país escapando de la crisis en su nación, buscando seguridad y estabilidad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, vigente desde 2021, concluirá el 7 de noviembre de 2025. Esta decisión afecta a más de 267.000 venezolanos que actualmente cuentan con esta protección migratoria en Estados Unidos. Con la finalización del TPS, quienes no tengan otra vía legal para permanecer en el país deberán planear su retorno a Venezuela, generando preocupación sobre su futuro migratorio y laboral.
El TPS fue implementado en 2021 como una medida humanitaria por el gobierno de Joe Biden, con el fin de ofrecer protección temporal a quienes huyeron de la crisis en Venezuela. Sin embargo, ante su próxima expiración, los beneficiarios que no cuenten con otra vía legal para permanecer en el país deberán considerar regresar a su país de origen.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió: "Si usted es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a su país si no cuenta con otra base legal para permanecer en Estados Unidos".
La ley estadounidense exige que el gobierno notifique con 60 días de anticipación la terminación del TPS, con el fin de que los migrantes tengan tiempo para explorar otras opciones legales y evitar la permanencia irregular. Entre las herramientas sugeridas, el DHS recomendó usar la aplicación CBP Home para quienes decidan abandonar EE. UU. de manera voluntaria.
Paralelamente, se está llevando a cabo en California una demanda presentada por venezolanos afectados, junto con la Alianza TPS, que busca frenar la finalización de este programa. La acción legal pretende no solo proteger a los 250.000 beneficiarios del TPS 2021, sino también a los 350.000 incluidos en la ampliación de 2023, sumando casi 600.000 personas en riesgo.
Para miles de familias venezolanas, la resolución judicial será determinante: de ella dependerá si pueden permanecer en Estados Unidos o si deberán enfrentar el regreso a un país con condiciones sociales y económicas sumamente difíciles.