California pone en marcha un paquete de leyes que amplía beneficios, protección laboral y acceso a servicios clave para miles de familias inmigrantes en 2025.
California reafirma su postura como uno de los estados más activos en la defensa de sus comunidades inmigrantes. En los últimos meses, el gobernador Gavin Newsom firmó un conjunto de leyes que amplía la privacidad, seguridad y acceso a servicios públicos para millones de residentes sin importar su estatus migratorio. Estas normas buscan reducir el temor a operativos federales y reforzar garantías básicas en escuelas, hospitales y espacios públicos.
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Con la ley SB 580, aprobada el 12 de octubre de 2025, el estado actualiza sus protocolos de respuesta ante la presencia de agentes federales. La iniciativa, impulsada por la senadora María Elena Durazo, obliga a todas las agencias públicas a seguir lineamientos claros sobre cómo actuar frente a operativos migratorios sin comprometer la seguridad de las familias.
Nuevas leyes impulsan más protección para familias inmigrantes.
Además, se ordena la implementación de auditorías, capacitaciones y protección reforzada de bases de datos para evitar filtraciones o uso indebido de información sensible de los residentes.
La SB 635, aprobada el 7 de octubre de 2025, extiende protecciones clave para vendedores ambulantes y operadores de puestos móviles. La ley prohíbe que municipios o agencias locales compartan datos personales como direcciones, nombres o identificaciones con autoridades externas sin una orden judicial.
También impide que las ciudades soliciten información relacionada con el estatus migratorio para otorgar licencias comerciales y exige destruir antes del 1° de marzo de 2026 cualquier dato recolectado antes de 2026, salvo obligación legal en contrario. Adicionalmente, veta el uso de fondos públicos para actividades de control migratorio.