Trump anunció en Truth Social la cancelación inmediata del TPS para otra comunidad inmigrante, generando preocupación por razones políticas y discriminatorias.
El presidente Donald Trump reactivó la polémica migratoria al anunciar, mediante un mensaje en redes sociales, que eliminará de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes somalíes residentes en Minnesota.
De acuerdo con The Associated Press, Trump aseguró que el estado se ha convertido en "un centro de lavado de dinero fraudulento" y afirmó que dará por terminado el TPS "de manera inmediata".
El mensaje encendió alertas entre autoridades locales, organizaciones comunitarias y especialistas en inmigración, quienes calificaron el anuncio como una medida sin sustento legal y con un alto potencial de generar miedo entre la comunidad somalí más grande del país.
Trump promete revocar pronto el TPS a otra comunidad de inmigrantes.
Tras la declaración, líderes en Minnesota respondieron con firmeza. Según reportó The Associated Press, el fiscal general Keith Ellison señaló que está "explorando todas las opciones" legales frente a la amenaza y subrayó que Trump "no puede poner fin al TPS solo para un estado ni por un capricho racista".
Aunque en Minnesota residen decenas de miles de somalíes, a nivel nacional solo 705 personas cuentan con TPS, según un informe citado por AP. Pese a ello, el anuncio generó preocupación por un posible ambiente de criminalización hacia la comunidad.
Donald Trump también afirmó, sin presentar evidencia, que grupos somalíes han atacado a residentes locales y reiteró que Minnesota es "un centro de lavado de dinero". Estas declaraciones fueron desmentidas por autoridades estatales y expertos consultados por AP.
Paralelamente, un grupo de congresistas republicanos solicitó al fiscal federal que investigue las presuntas transferencias económicas hacia Somalia.
De acuerdo con The Associated Press, la carta señala que la comunidad somalí habría enviado "millones de dólares" a través de la red hawala, un sistema informal de transferencias que, según los legisladores, podría terminar financiando al grupo extremista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda.
Las acusaciones surgieron mientras fiscales federales procesan a varias personas, algunas de origen somalí, por fraude a programas de asistencia social. "Es momento de rendir cuentas", declaró el representante republicano Tom Emmer, citado por AP.
En Somalia, Al Shabaab ha intensificado sus ofensivas pese a la campaña antiterrorista que lleva a cabo el gobierno de Hasán Sheij Mohamud, una estrategia que ha estado en el centro de su agenda desde 2022.