La expansión de acuerdos entre ciudades y el Servicio de Inmigración (ICE) intensifica la división entre estados y deja a inmigrantes en riesgo constante.
La cooperación entre agencias locales de aplicación de la ley y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emergido como uno de los frentes más tensos de la política migratoria en Estados Unidos. Bajo programas que permiten a policías locales actuar en conjunto con agentes federales, ciudades y condados de estados pro‑ICE están firmando acuerdos que amplían la capacidad de arrestar y deportar inmigrantes.
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Al mismo tiempo, numerosos estados y jurisdicciones con gobiernos más críticos de estas políticas están tratando de bloquear, limitar o incluso prohibir estas alianzas, lo que ha creado un choque político interno que deja a millones de inmigrantes en situación crítica y con incertidumbre sobre su seguridad y derechos civiles.
El programa conocido como 287(g) permite a las agencias de policía estatal y local firmar acuerdos con ICE para recibir autoridad delegada para ejecutar funciones de inmigración, como identificar, detener o transferir a inmigrantes hacia custodia federal.
Conflicto entre estados por cooperación con ICE deja a inmigrantes en riesgo.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el número de estas alianzas ha crecido exponencialmente. En muchos estados, especialmente en el sur y centro del país, departamentos de policía y sheriff locales se han unido en masa a este esquema, ampliando la presencia de ICE incluso fuera de cárceles, llegando a rutinas de patrullaje y detenciones basadas en sospecha de estatus migratorio.
Los estados con gobiernos republicanos han adoptado políticas que impulsan o incluso exigen la firma de acuerdos 287(g). En lugares como Florida, Texas, Oklahoma y otros, las autoridades locales han formalizado alianzas con ICE, lo que ha aumentado el número de arrestos y ha expandido la huella de la aplicación migratoria federal por todo el territorio. Este impulso ha generado preocupación dentro de las comunidades inmigrantes y de defensores de derechos civiles, que argumentan que estas cooperaciones erosionan la confianza entre la policía y los residentes, llevan a mayor perfil racial y dificultan que personas vulnerable acudan a las autoridades incluso para reportar crímenes.
En contraste, estados con legislaturas y ejecutivos demócratas han promovido leyes que limitan o prohíben este tipo de acuerdos. En lugares como Nueva York y Maryland, se avanzan proyectos de ley para impedir que cuerpos policiales locales sean "deputizados" por ICE, basados en el argumento de que estas alianzas socavan derechos constitucionales y ponen en riesgo a las comunidades migrantes.
Para inmigrantes, especialmente aquellos indocumentados o con estatus legal frágil, la rápida expansión de acuerdos con ICE ha tenido consecuencias profundas:
Estados que cooperan con ICE (mayormente "pro‑ICE")
Estados que limitan o prohíben la cooperación con ICE (mayormente "anti‑ICE" o estados azules)