La última orden ejecutiva del alcalde Mike Johnston, de Denver, EE. UU., expuso un desafío contundente a la política migratoria implementada por Donald Trump.
¡Mucha atención! Aunque no se mayoría, la oposición a las políticas migratorias implementadas por Donald Trump sigue en pie. En Denver, Colorado, EE. UU., el alcalde demócrata Mike Johnston sorprendió a la comunidad al emitir una orden ejecutiva que impide a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar operaciones en propiedades municipales.
Esta inesperada medida también permite que la policía local pueda resguardar a manifestantes pacíficos y, en situaciones de uso desproporcionado de la fuerza, detener a los agentes federales. A continuación, más detalles.
'El País' y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre esta nueva orden en Denver, la cual prohíbe a los agentes del ICE utilizar instalaciones municipales, como estacionamientos y parques, para llevar a cabo operativos de inmigración sin tener una orden judicial o un mandato legal válido.
La norma también instruye al Departamento de Policía de Denver y al sheriff a intervenir en caso de que sean testigos de acciones que puedan resultar en lesiones graves o la muerte de una persona durante un operativo migratorio.
En este estado, autorizan el arresto de agentes del ICE por uso excesivo de la fuerza en operativos.
"Si vemos a cualquier agente del ICE usando fuerza excesiva contra un residente de Denver, intervendremos para detenerlo y retirarlo de la situación", expresó recientemente el alcalde Michael Johnston en una conferencia de prensa. También, la autoridad resaltó que exigirá a los agentes federales que cumplan con los mismos estándares que se aplican a sus propios oficiales.
Esta decisión se lleva a cabo en un contexto de creciente tensión debido a la política migratoria de la Administración Trump y tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante un operativo federal, lo que generó protestas y críticas por parte de defensores de derechos civiles, quienes han denunciado violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión.
Bajo este contexto, esta orden refuerza las políticas locales que restringen la colaboración con las autoridades migratorias federales. Ahora, las agencias municipales no podrán compartir bases de datos ni establecer acuerdos tecnológicos con el Departamento de Seguridad Nacional, a menos que exista un requerimiento legal explícito.
Además, se ratifica la prohibición de realizar operativos migratorios en lugares sensibles como escuelas, iglesias, hospitales, bibliotecas y estadios, así como la prohibición del perfilamiento racial.