Inmigrantes liberados enfrentan la pérdida de documentos y pertenencias, y sus abogados buscan que el ICE reconozca el daño y haga justicia.
La administración de Donald Trump enfrenta un nuevo desafío legal en tribunales federales por la presunta mala gestión de pertenencias personales de inmigrantes liberados bajo órdenes judiciales. Dos magistrados en Minnesota consideran imponer sanciones al Gobierno de EE. UU. tras múltiples reclamos de abogados que aseguran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no devolvió documentos, dinero y otros objetos esenciales a exdetenidos.
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La situación surge en medio de litigios relacionados con la operación conocida como Operation Metro Surge y pone en riesgo la credibilidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante los tribunales federales.
Los jueces federales John Tunheim y Jeffrey Bryan han iniciado audiencias para determinar si el Gobierno debe responder por la pérdida de bienes personales de más de dos docenas de inmigrantes que estuvieron bajo custodia del ICE y fueron liberados por orden de la corte. El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, compareció ante ambos magistrados para explicar los hechos y enfrentar posibles sanciones civiles.
En una de las audiencias celebradas en Minneapolis, el juez Tunheim evaluó si el DHS debe establecer un cronograma para devolver los objetos extraviados o compensar económicamente a las personas afectadas. El juez anunció que planea emitir "una orden judicial que establecerá un plazo para resolver los casos pendientes" y advirtió que, de no cumplirse, podrían aplicarse multas civiles diarias a la administración federal. Esta advertencia representa una presión significativa en un momento de alta sensibilidad pública respecto a los derechos de los inmigrantes.
Por su parte, el juez Bryan está analizando si Rosen puede ser considerado en desacato personal por supuestamente no haber cumplido con mandatos judiciales en al menos 28 casos. Rosen negó que hubiera un intento deliberado de desobedecer al tribunal y explicó que los fallos se debieron a "errores administrativos" provocados por un volumen inusitado de liberaciones ordenadas simultáneamente por jueces, una afirmación que ha generado debate entre las partes.
Rosen defendió la actuación del Gobierno, señalando que, en algunos casos, las autoridades priorizaron liberar a los inmigrantes dentro del plazo establecido aunque "sus pertenencias no estaban disponibles en ese momento", una decisión que, según él, buscaba cumplir con las órdenes judiciales. También explicó que la logística se complicó porque muchos detenidos fueron trasladados a centros en Texas antes de ser liberados, lo que dificultó el retorno de sus objetos personales.
El fiscal federal añadió que espera que estos problemas se reduzcan ahora que Operation Metro Surge está disminuyendo su ritmo y que hay suficientes espacios de detención en Minnesota para minimizar traslados a otros estados.
No obstante, los abogados que representan a los inmigrantes subrayan que la pérdida de documentos, dinero y herramientas de trabajo impacta profundamente la vida de sus clientes, afectando su capacidad para obtener empleo y continuar con su rutina diaria. Estas reclamaciones constituyen un elemento central de las audiencias en curso e influyen en la firme postura de los jueces frente al Gobierno.
Según reporta EL PAÍS, estas audiencias forman parte de una serie de desafíos legales que ponen en tela de juicio la gestión del ICE en casos de liberaciones masivas y el manejo de la propiedad personal de inmigrantes bajo supervisión judicial.