Estados Unidos se ha convertido en la sede de eventos importante a nivel internacional, el cual, acoge a aficionados de cualquier parte del mundo.
La situación política que atraviesa el gobierno de Donald Trump pone en riesgo a los turistas que desean ingresar a Estados Unidos, así como las comunidades inmigrantes residentes. Como consecuencia, estas normativas impactaron en el desarrollo del deporte. Por ello, diversos colectivos sociales enviaron a una carta a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que pueda influenciar en las medidas de control previo al Mundial 2026.
Ante las noticias de deportaciones masivas y redadas en territorio estadounidense, 90 agrupaciones civiles enviaron una carta a Gianni Infantino. En el documento expresan su preocupación previo al desarrollo de la Copa del Mundo 2026 por las políticas y medidas coercitivas a personas inmigrantes, lo cual se refleja actualmente en los asientos vacíos en las competencias del Mundial de Clubes y Copa Oro.
Por lo tanto, solicitan que el presidente de la FIFA utilice sus influencias con el mandatario norteamericano con el objetivo de asegurar los derechos fundamentales de los aficionados extranjeros que buscan asistir al próximo torneo del deporte Rey, según el diario The Athletic. Asimismo, se añadió en el escrito que necesitan que "Se respeten los derechos constitucionales de los muchos inmigrantes que ya viven, trabajan y contribuye significativamente a las ciudades seleccionadas para albergarlos".
Cabe resaltar que se intuye una amistad cercana entre ambas autoridades, debido a que Trump invitó a Infantino, anteriormente, a la ceremonia de investidura a la toma de posición en EE. UU. Asimismo, estuvieron juntos en la Casa Blanca con los jugadores y plantel de la Juventus en un conversatorio sobre la participación femenina en los deportes catalogados para varones.
El documento fue suscrito por diversos sindicatos de estados que albergarán sedes del Mundial 2026, como Nueva York, Florida, Georgia, California, Texas, Missouri, Pensilvania y Massachusetts. Además, contó con la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la NAACP, dedicada a la defensa de los derechos civiles.