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San Isidro declara persona no grata al presidente Pedro Castillo y las redes estallan

El burgomaestre anunció que el mandatario no es 'bienvenido' al distrito, al menos hasta aclararse las investigaciones en su contra.

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Pedro Castillo fue declarado persona no grata en San Isidro. | Composición Líbero.

La Municipalidad Distrital de San Isidro declaró persona no grata al presidente de la República, Pedro Castillo. Esta medida sería tomada tras la denuncia constitucional que presentó la fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

"El 11 de octubre del presente año, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra del señor Pedro Castillo Terrones, actual presidente de la República, ante el Parlamento Nacional, acusándolo de ser el líder, presunto, de una organización criminal", manifiesta la Resolución N°408.

Además, el burgomaestre Augusto Cáceres Viñas exhortó al Congreso de la República a investigar el caso según las normas estipulada en la Constitución del Perú para que el mandatario deje su cargo en el más breve plazo.

Comunicado oficial de San Isidro.

Esta medida ha sorprendido a más de un peruano y no dudaron en expresar su opinión sobre medida que ha dispuesto el alcalde de San Isidro. Hasta el momento, la publicación del comunicado tiene más de mil me gusta.

"Piensan que San Isidro es un país", "El chiste se cuenta solo", "O sea no puede cruzar la Javier Prado", "Próximamente vecinos no gratos", "Para mi que hackearon la cuenta", "¿Cuándo abrirán su embajada?", " A mi me dará algo", "Me da pena", son algunos comentarios que acompañan la publicación.

¿Por qué la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente al presidente de la República?

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional en contra del mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Por su parte, el abogado del presidente, Benji Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una tutela de derechos con las finalidad de anular la demanda.