¡ATENCIÓN, inmigrantes! Este Estado de EE.UU. dará US$2.500 a policías por cada ilegal deportado y ARRESTADO

¡ALERTA! El Congreso de Arizona se alista para votar una de las propuestas migratorias más controvertidas en Estados Unidos en años recientes. El proyecto de ley SB 1164, conocido como 'Arizona ICE Act', busca establecer la colaboración obligatoria de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la detención de inmigrantes.

Además, se ha presentado otro proyecto de ley que propone recompensar a las fuerzas del orden con US$2,500 por cada arresto que conduzca a la deportación de extranjeros ilegales. Este proyecto, patrocinado por el senador Jake Hoffman, ha sido calificado como un ataque directo a las comunidades de inmigrantes, reavivando el debate sobre la política migratoria. ¿Qué pasará próximamente en este estado?

Existen dos proyectos de ley llamativos del estado de Arizona. La propuesta SB 1164 busca implementar medidas más estrictas en las políticas migratorias de Arizona, afectando tanto a la policía local como a la comunidad inmigrante.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de los agentes de policía de detener a cualquier individuo con órdenes de ICE, reteniéndolos hasta 48 horas mientras se espera la intervención de la agencia federal. Además, se prohíbe a las ciudades y condados establecer normativas que limiten la cooperación con ICE, lo que implica que deberán participar obligatoriamente en el programa 287(g), capacitando al menos al 10% de sus efectivos en leyes migratorias.

La propuesta también contempla que los jueces sean notificados sobre los antecedentes migratorios de los detenidos, lo que podría influir en sus decisiones judiciales. Asimismo, el fiscal general de Arizona podrá demandar a las agencias locales que no cumplan con estas disposiciones, mientras que los ciudadanos tendrán la posibilidad de solicitar investigaciones si sospechan que sus cuerpos policiales no están colaborando con ICE.

La SB 1164 representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la inmigración en la región, transformando a las fuerzas policiales en agentes de control migratorio.

La propuesta conocida como SB1111 tiene como objetivo la creación de un "Fondo de Deportaciones de Arizona", destinado a financiar recompensas por la deportación de inmigrantes.

A pesar de las objeciones planteadas por activistas en defensa de los derechos humanos, los legisladores republicanos argumentan que esta medida es necesaria para recuperar recursos que, según ellos, se pierden en remesas enviadas al extranjero.

El proyecto, impulsado por el senador Jake Hoffman, ha sido criticado como un ataque frontal a las comunidades inmigrantes y ha reavivado el debate sobre la política migratoria en Arizona, un estado que ya había sido escenario de controversias con la implementación de la ley SB1070 en 2010.