¡Cuidado, inmigrante! Donald Trump tiene permitido continuar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Trump retomar la deportación de ciertos inmigrantes, marcando un respaldo parcial a su política migratoria. Sin embargo, el fallo no se pronunció directamente sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros de una pandilla venezolana, sino que resolvió que la demanda fue presentada en un tribunal sin jurisdicción, ya que los detenidos se encuentran en Texas y no en Washington D.C.

Según USA Today, la Corte no definió si es válido aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para deportar a presuntos integrantes del Tren de Aragua, pero sí permitió que el gobierno continúe con los procedimientos. El tribunal dejó sin efecto la orden que suspendía las deportaciones, indicando que los migrantes pueden impugnar su expulsión, pero solo desde la jurisdicción correcta.

La mayoría también aclaró que los inmigrantes deben recibir una notificación previa razonable que les permita apelar mediante hábeas corpus. Esta postura refuerza que incluso bajo esa ley se requiere revisión judicial antes de ejecutar deportaciones.

El fallo dividió opiniones. Trump celebró la decisión como una victoria para la seguridad nacional. Por el contrario, la jueza Sotomayor la calificó como una amenaza al estado de derecho, criticando la postura del gobierno de Estados Unidos como excesiva.

Para los abogados de los migrantes, la decisión fue en parte positiva porque garantiza el derecho al debido proceso. Sin embargo, expertos como el profesor Steve Vladeck consideraron que la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo del caso usando tecnicismos.

La administración, por su parte, defendió que el presidente debe tener la última palabra en temas de seguridad. Aun así, algunas figuras conservadoras alertaron que la revisión judicial sigue siendo clave para mantener el equilibrio de poderes. Los defensores de los inmigrantes advirtieron que aplicar esta ley a bandas criminales desvirtúa su propósito original y podría poner en riesgo la vida de los deportados.