No es mexicana ni venezolana: inmigrante de esta nacionalidad termina absuelta tras invadir zona militar en Texas

Un jurado y un juez federal anularon los cargos contra Adely De La Cruz-Alvarez, una mujer de nacionalidad peruana que había ingresado sin autorización a un área bajo control de la milicia estadounidense. El hecho ocurrió después de que la inmigrante cruzara el río desde México hacia Texas. Las abogadas defensoras mencionaron que esta decisión podría sentar un precedente crucial para futuros casos vinculados con áreas militarizadas en la frontera.

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Peruana es absuelta, pero su situación no es alentadora

Adely Vanessa De La Cruz-Alvarez, una joven nacida en Perú de 21 años, fue capturada el 12 de mayo de 2025 por soldados y luego arrestada por un agente de la Patrulla Fronteriza. La encontraron sentada junto a la puerta de un muro en Tornillo, a unas 40 millas al este de El Paso. Momentos antes, había cruzado el Río Grande desde México rumbo a Texas y atravesado, sin saberlo, un área designada como zona de defensa nacional bajo control militar.

Al inicio del juicio contra Adely, se le imputaron tres cargos tras su arresto: ingreso ilegal al país, intrusión en una base militar y violación de una zona de defensa nacional. Por el primer cargo fue declarada culpable y quedó sujeta a un proceso de deportación. En cuanto al segundo, fue absuelta, aunque la magistrada federal Laura Enrique igualmente la sentenció a “tiempo cumplido” más un día hábil de reclusión.

El cargo por violación de bienes de defensa nacional fue finalmente retirado. Sin embargo, la posibilidad de que Adely sea expulsada del país sigue siendo alta, según explicó Shane McMahon, su abogado defensor público. Por el contrario, el fiscal federal Phillip Douglas pidió una condena de 45 días de cárcel, argumentando que la joven conocía las consecuencias de sus actos: “Sabía exactamente lo que hacía. Debería conllevar algún tipo de castigo”, sostuvo.

Allanamiento como última táctica de deportación

El fallo en el caso de la inmigrante peruana supone un nuevo revés para la administración del presidente estadounidense Donald Trump en su intento de imponer cargos adicionales por delitos menores a quienes cruzan la frontera. Además, pone de manifiesto una de las estrategias más recientes del gobierno de Estados Unidos para sancionar a más de un millón de inmigrantes cada año y acelerar los procesos de deportación de personas indocumentadas.

Desde abril, fiscales en Nuevo México y Texas han comenzado a presentar cargos penales contra inmigrantes por violar normas de seguridad y entrar en áreas restringidas bajo control militar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los jueces han desestimado los cargos de manera rápida.

La justificación principal ha sido la falta de evidencia que demuestre que los migrantes sabían que estaban ingresando en zonas militarizadas, a pesar de la presencia de señales de advertencia. Además, argumentan que dichos avisos no son lo suficientemente visibles ni comprensibles para quienes cruzan la frontera de manera irregular.