Inmigrantes exigen justicia: demandan al gobierno de Trump por esta dura acción tomada en EE. UU.

Un grupo de inmigrantes en Washington D.C., junto con la organización CASA, ha presentado una demanda federal contra el gobierno del expresidente Donald Trump, denunciando una política de arrestos migratorios "ilegales" en la capital de Estados Unidos. Los demandantes aseguran que los operativos se realizaron sin órdenes judiciales y sin una causa probable, violando los límites legales establecidos por el Congreso.

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La querella, interpuesta ante un tribunal del Distrito de Columbia, busca frenar las redadas que se han intensificado desde agosto, tras una declaración de "emergencia criminal" emitida por Trump. Las organizaciones involucradas alegan que estas acciones han generado temor generalizado en las comunidades migrantes y han obligado a grupos defensores a desviar recursos de sus labores principales.

Arrestos sin orden judicial ni causa probable

Según la demanda, los arrestos migratorios en Washington D.C. fueron llevados a cabo por agentes federales sin respetar los procedimientos legales básicos. Cuatro inmigrantes: dos salvadoreños, un hondureño y un venezolano, fueron detenidos de forma arbitraria y liberados tras comprobarse que tenían procesos migratorios pendientes. Los demandantes sostienen que las redadas se realizaron sin órdenes judiciales y sin evidencia de que las personas estuvieran en situación irregular.

La organización CASA, que se unió formalmente a la demanda, aseguró que ha visto a muchos de sus miembros afectados por estas redadas. Además, denunció que ha tenido que desviar recursos de sus programas comunitarios para asistir a personas detenidas y brindar apoyo legal, emocional y logístico ante la crisis migratoria desatada en la capital.

Redadas migratorias generan alarma y rechazo

La demanda señala que los operativos federales se intensificaron tras la declaración de "emergencia criminal" en agosto, una medida que permitió el despliegue de más agentes del gobierno. Esta acción ha sido interpretada por organizaciones como la ACLU y el Proyecto Nacional de Inmigración como una estrategia para sembrar el miedo en barrios de alta población inmigrante. "Los agentes federales deben respetar los límites de la ley como cualquier otro ciudadano", expresó Aditi Shah, abogada de la ACLU en D.C.

Los demandantes están representados por una coalición de grupos defensores de derechos civiles, entre ellos el Centro Amica, el Comité de Abogados de Washington y el bufete Covington & Burling LLP. Esta no es la única demanda contra las políticas migratorias del expresidente: en Los Ángeles también se enfrenta a un litigio similar, tras redadas masivas ocurridas en junio.