ATENCIÓN, inmigrantes: residentes de Chicago, fastidiados por el gasto en indocumentados, presentan FIRME PETICIÓN
Los habitantes de Chicago, inquietos por el uso de fondos públicos en inmigrantes indocumentados, expresaron una solicitud que evidencia el malestar de la comunidad.
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La llegada de inmigrantes sin un estatus legal a Chicago ha generado un acalorado debate entre los habitantes de la ciudad, quienes en su mayoría se manifiestan en contra de destinar recursos públicos para ayudar a personas en situación irregular. Esta situación ha reavivado la conversación sobre la necesidad de reformar la gestión municipal, que ha estado bajo el dominio del partido demócrata durante un prolongado tiempo.
La preocupación de un sector de la ciudadanía, que considera insostenible la actual política de asistencia a inmigrantes indocumentados recién llegados, ha impulsado un creciente respaldo a la propuesta de modificar la dirección política de la ciudad.
¿Qué piden los residentes de Chicago, fastidiados por el gasto en inmigrantes indocumentados?
Un sector de los habitantes de Chicago está cada vez más frustrado con el uso de fondos públicos para apoyar a migrantes en situación irregular, lo que ha generado llamados a que los republicanos asuman el liderazgo en una ciudad históricamente dominada por los demócratas.
De acuerdo con Fox News Digital, desde agosto de 2022, la llegada de más de 51.000 inmigrantes ha generado un fuerte impacto en el presupuesto municipal, destinándose grandes sumas a refugios y servicios. Muchos residentes critican que, mientras estos recursos se emplean en la crisis migratoria, problemas locales como la falta de vivienda siguen sin resolverse.
El consejo municipal debate actualmente medidas para abordar el déficit presupuestario, incluyendo posibles incrementos de impuestos. Se estima que el gasto total en la atención a inmigrantes superará los 500 millones de dólares, lo que ha intensificado la controversia.
Frustración en Chicago: crece el debate sobre inmigración en Estados Unidos
Danielle Carter, residente del South Side, expresó a Fox News Digital su frustración al señalar que los contribuyentes financian la crisis migratoria sin recibir beneficios directos: "No es justo que nuestros recursos sean utilizados de esta manera", afirmó. Su opinión refleja la de muchos ciudadanos que creen que estos fondos deberían destinarse a mejorar las condiciones locales.
Por su parte, Zoe Leigh, miembro de Chicago Flips Red, sostiene que el uso de fondos para inmigrantes en situación irregular es "injustificable y contrario a la ley".
De acuerdo con Fox News Digital, Patricia 'P Rae' Easley, fundadora de Chicago Red, aboga por un proceso democrático en el que los habitantes de la ciudad tengan voz en las decisiones relacionadas con la política migratoria. Considera que los ciudadanos de Estados Unidos deberían haber tenido la oportunidad de votar sobre la ordenanza que convierte a Chicago en una ciudad santuario.
El ayuntamiento ha rechazado propuestas que permitirían la colaboración de las fuerzas de seguridad con el ICE, lo que ha generado más descontento entre quienes exigen cambios en las políticas de inmigración.
Crisis de personas sin hogar en Chicago
Algunos líderes demócratas, como Liz Truss, han advertido que la atención a los migrantes no debe opacar la problemática de las personas sin hogar en la ciudad. "El problema ya existía antes de la llegada de los inmigrantes", señaló, insistiendo en que la prioridad debe ser la población local.
Aunque el gobierno ha habilitado refugios temporales para migrantes, estas medidas han sido criticadas por quienes consideran que los recursos deberían dirigirse a resolver la crisis de las personas sin hogar.
Para hacer frente a esta situación, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, plantea la creación de un 'sistema de refugio unificado', que combinaría la asistencia para inmigrantes y residentes sin hogar con el fin de optimizar recursos. Sin embargo, la propuesta genera escepticismo, ya que muchos ciudadanos dudan de su efectividad.
La creciente tensión en Chicago pone en evidencia un dilema mayor sobre la gestión de la inmigración y el uso de fondos públicos, alimentando el clamor por un cambio en la administración de la ciudad.