La decisión reafirma que los gobiernos no pueden castigar financieramente a las ciudades por adoptar posturas humanitarias.
En un importante paso hacia la defensa de los derechos de los inmigrantes, un juez federal ha bloqueado un intento de la administración Trump de retener fondos federales a las llamadas "ciudades santuario". La resolución reafirma que ningún gobierno puede castigar financieramente a las ciudades por tomar una postura humanitaria y constitucional.
El juez Orrick emitió una orden judicial en respuesta a la solicitud de San Francisco y de más de una docena de municipios que presentaron una demanda contra un par de órdenes ejecutivas del presidente, las cuales estaban dirigidas a las localidades que restringen su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Asimismo, manifestó que una orden judicial preliminar era apropiada porque las órdenes ejecutivas eran inconstitucionales.
Las ciudades santuario son jurisdicciones que adoptaron políticas para limitar su cooperación con las autoridades migratorias federales. Estas políticas pueden incluir la negativa a detener a personas únicamente por violaciones migratorias o a compartir información sobre el estatus migratorio de los residentes sin una orden judicial.
Estas medidas no significan que las ciudades estén violando la ley federal, sino que están ejerciendo su derecho a decidir cómo usar sus recursos. Al no actuar como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estas ciudades priorizan la seguridad, la cohesión social y los derechos humanos, convirtiéndose en un refugio para miles de inmigrantes en todo el país.
Las siguientes ciudades y estados han adoptado políticas que protegen activamente a las comunidades inmigrantes:
Además, varios estados santuario como California, Nueva York, Connecticut, Vermont y Nueva Jersey han implementado protecciones similares a nivel estatal, reforzando el compromiso con los derechos humanos y la inclusión.
