El gobernador de Florida recomendó a los residentes ilegales detenidos en Alligator Alcatraz regresar a sus países de manera voluntaria.
Florida fue escenario de la inauguración de un centro de detención para inmigrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobernador local y el presidente Donald Trump abrieron este megaproyecto con el objetivo de reforzar las políticas migratorias del mandatario republicano. Sin embargo, el líder local sugirió a los detenidos optar por una salida más armoniosa para evitar pasar malos momentos.
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Esta semana, el gobernador de Florida se dirigió a los medios de comunicación locales y señaló que los indocumentados recluidos en la megacárcel "Alligator Alcatraz" podrán volver a su país de origen si optan por la expulsión voluntaria. DeSantis explicó que esta oferta consiste en un "viaje de regreso a su país de origen con todos los gastos pagados" tan pronto como sean procesados.
En una conferencia de prensa, dijo: "Nunca tendrás que ir a Alligator Alcatraz como inmigrante ilegal. Si aceptas tomar ese boleto de avión y te vas, el DHS cubrirá el costo". El gobernador añadió que espera un mayor número de deportaciones voluntarias, ya que "es más barato que tener que pasar por el proceso que tenemos establecido".
De acuerdo con la agencia Associated Press, la situación de los civiles arrestados no ha sido la mejor. Se reportó la entrega de alimentos con gusanos y material fecal en el suelo. Los familiares de los extranjeros retenidos han denunciado varias falencias: inodoros obstruidos, temperaturas sofocantes y acceso limitado a las duchas. Abogados han reforzado estas denuncias señalando las dificultades para contactar a sus defendidos.
Un informe del diario Times/Herald reveló que hay más de 250 personas recluidas en la cárcel, acusadas únicamente de violaciones a las leyes de inmigración, aunque ninguna tiene antecedentes penales. DeSantis respondió a estos reclamos argumentando que la comida y los servicios ofrecidos son los mismos que reciben sus empleados, y señaló que las denuncias provienen de partidarios demócratas que se oponen a la expulsión "tratando de encontrar un pretexto para camuflar el hecho de que tienen una posición muy impopular".