Este conflicto redefine la relación entre el gobierno federal y los estados y marca un precedente en la protección de los derechos de los inmigrantes en EE. UU.
En un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, la confrontación entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, ha alcanzado nuevas dimensiones. California se convierte en el centro de una intensa disputa legal, tras una medida presidencial sobre inmigración que ahora será evaluada en los tribunales del estado.
El envío de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump durante las protestas migratorias en Los Ángeles ha provocado una disputa legal con el gobernador de California, Gavin Newsom.
El enfrentamiento legal se centra en la invocación de una ley de 147 años que permite al presidente federalizar la Guardia Nacional en situaciones de rebelión o invasión. Los abogados de Trump argumentan que el despliegue fue necesario para proteger la propiedad federal, mientras que Newsom sostiene que esta acción viola la Ley Posse Comitatus y la Décima Enmienda.
La disputa se intensificó cuando Newsom presentó una demanda contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, buscando una declaración judicial que declare ilegal el uso de la Guardia Nacional en este contexto. La decisión del tribunal podría sentar un precedente importante sobre el uso de las fuerzas armadas en situaciones civiles.
En junio, Los Ángeles fue escenario de protestas masivas en respuesta a redadas migratorias que resultaron en la detención y deportación de decenas de personas.
En este contexto, Donald Trump decidió federalizar a 4.000 miembros de la Guardia Nacional, desafiando la oposición del gobernador Gavin Newsom y las autoridades locales. La decisión fue justificada por el presidente bajo la premisa de que se trataba de una medida necesaria para mantener el orden público.
Los abogados de Trump sostienen que el despliegue de la Guardia Nacional se limitó a proteger la propiedad y el personal federal, sin involucrarse en actividades de aplicación de la ley. Sin embargo, los representantes de Newsom argumentan que esta acción representa una "toma de poder sin precedentes" que infringe la Constitución y las leyes estatales.
La Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes, y Newsom alega que Trump violó esta normativa al actuar sin la cooperación del gobernador. La demanda busca no solo una declaración de ilegalidad, sino también medidas cautelares que restrinjan futuros despliegues sin el consentimiento estatal.
El equipo legal de Newsom busca un alivio simbólico, enfatizando la necesidad de que el uso de la Guardia Nacional se realice dentro de un marco legal adecuado. Además, solicitan la recuperación de costos legales y cualquier reparación que el tribunal considere justa. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados, especialmente en temas de seguridad y derechos civiles.