Nueva demanda contra Donald Trump: busca obligar a estados a cooperar en control migratorio reteniendo importante ayuda
Un nuevo desafío legal acusa a Donald Trump de exceder su autoridad con políticas migratorias que ponen en riesgo la denuncia de delitos en Estados Unidos.
- ICE utilizará PERROS ROBOT de Boston Dynamics en próximos OPERATIVOS
- Exponen que ICE ARRESTÓ a alrededor de 100 personas en Connecticut
Veinte estados, junto con Washington D. C., presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que el Gobierno retiene injustamente cientos de millones de dólares destinados a apoyar a víctimas de crímenes. Según los demandantes, esta medida busca presionar a los estados para que colaboren con las políticas federales de control migratorio.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Estados demandan al gobierno Trump por condicionar fondos federales a víctimas de crímenes
Los estados, todos con fiscales generales demócratas, solicitaron a un juez federal que anule las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia para acceder a estos fondos. Las subvenciones están diseñadas para cubrir gastos esenciales como facturas médicas, asesoramiento, refugios de emergencia, líneas de ayuda y apoyo legal para las víctimas.
La demanda advierte que, si se mantiene esta retención, los estados enfrentarán la difícil decisión de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o reducir e incluso cerrar programas vitales para las víctimas más vulnerables.
Rob Bonta, fiscal general de California, calificó la acción como un intento flagrante e inapropiado de utilizar fondos que apoyan a los residentes vulnerables para obligar a los estados a cumplir con las políticas migratorias federales.
Conflictos entre estados y administración Trump por políticas migratorias
Esta demanda se suma a una serie de enfrentamientos legales entre la administración Trump y varios estados que defienden políticas santuario. El Departamento de Justicia, encabezado por la secretaria Pam Bondi, ha identificado 12 estados y múltiples condados y ciudades con estas políticas y ha iniciado acciones legales para hacer cumplir las leyes migratorias.
