El Gobierno de Trump instó a la Corte Suprema de EE. UU. no brindar más protecciones a grupo de inmigrantes venezolanos.
Este 19 de septiembre, el gobierno de Donald Trump sorprendió al presentar una solicitud de emergencia frete a la Corte Suprema de Estados Unidos, con la finalidad de poder eliminar, de inmediato, las protecciones legales que benefician a más de 300.000 inmigrantes venezolanos. Esta solicitud podría afectar considerablemente a estos ciudadanos. ¿Qué podría pasar?
'CNN', 'El País', entre otros medios internacionales informaron sobre la última decisión que tomó el republicano frente a sus duras políticas migratorias en EE. UU.: a través del Departamento de Justicia, solicitó a la Corte Suprema que suspenda un fallo emitido por un juez federal en San Francisco, quien aseguró que la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos fue incorrecta.
Hasta el momento, la corte de apelaciones en San Francisco se ha negado a interrumpir la decisión del juez de distrito Edward Chen mientras el caso sigue su curso en los tribunales. Recordemos que, en mayo 2025, la Corte Suprema revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a aproximadamente 350.000 venezolanos cuyas protecciones habían expirado en abril 2025.
Trump pide a Corte Suprema deportar a 300.000 venezolanos ilegales por TPS.
En aquel entonces, el máximo tribunal no dio una explicación, algo habitual en apelaciones de emergencia. Al respecto, el procurador general D. John Sauer argumentó en un nuevo documento judicial que la orden de mayo debería aplicarse también al caso actual.
Sauer resaltó que este asunto es conocido para la corte y refleja un patrón preocupante de tribunales inferiores que ignoran las órdenes de la Corte Suprema en situaciones de emergencia. Tal como confirmó en su declaración, la nueva orden, al igual que la anterior, impide la anulación del TPS que afecta a más de 300.000 inmigrantes, basándose en argumentos legales que carecen de fundamento.
En la actual administración Trump, se han implementado medidas para rechazar las protecciones que permitieron a los inmigrantes permanecer en la nación, incluyendo la finalización del TPS para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos, quienes recibieron esta protección durante la presidencia de Joe Biden.
Por su parte, el juez del distrito, Chen, consideró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó "con una premura sin precedentes y de una manera sin precedentes… con el objetivo predeterminado de acelerar la finalización del estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela".
Por su parte, tras rechazar la apelación de emergencia presentada por el gobierno federal, la jueza Kim Wardlaw, en representación de un panel unánime de tres jueces de apelación, expresó que Chen había establecido que el DHS tomó decisiones de manera anticipada y luego buscó justificaciones válidas para dichas decisiones.