El ICE aplica la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA) para sancionar económicamente a extranjeros con órdenes de deportación pendientes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado sus medidas para motivar a los inmigrantes sin autorización a abandonar Estados Unidos por su propia cuenta. Especialistas en leyes migratorias, entrevistados por ABC News, describen estas tácticas como un enfoque que se apoya en el miedo, con el objetivo de provocar que las personas opten por la salida voluntaria a través de presiones económicas.
El ICE reactivó una ley de 1996 para presionar a los migrantes a autodeportarse.
En los últimos meses, ICE ha reactivado la aplicación de una ley de 1996, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés). Esta normativa, que había permanecido prácticamente inactiva durante décadas, ahora se utiliza para imponer multas a extranjeros con órdenes de deportación pendientes.
Abogados consultados por ABC News explican que las sanciones económicas pueden alcanzar hasta 1,8 millones de dólares, según el caso.
Merle Kahn, especialista del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, señala que la aplicación sistemática de estas sanciones comenzó en 2017, durante la administración de Donald Trump. Aunque esta práctica se detuvo parcialmente durante el gobierno de Joe Biden, ahora ha vuelto con más fuerza y con montos mayores.
Las multas se calculan de manera diaria y por cada intento de ingreso: van de 100 a 500 dólares por entrada ilegal y pueden alcanzar hasta 998 dólares diarios por no cumplir con una orden de salida, acumulables por un período de hasta cinco años.
Los expertos advierten que el objetivo principal de estas sanciones no es recaudatorio, sino intimidatorio. "Se trata de una táctica diseñada para que los migrantes decidan irse por su cuenta", explica Kahn. De hecho, cualquier persona con una orden de deportación emitida en los últimos cinco años podría ser susceptible de recibir una multa económica.
Edward Cuccia, abogado en Nueva York, comenta que ha visto casos de inmigrantes con ingresos mínimos enfrentando sanciones millonarias. Según Cuccia, "el gobierno gasta más en enviar las notificaciones de las multas que lo que realmente logra recaudar", lo que evidencia que la intención es más disuasiva que financiera.